El inusitado tren de vida del cajero de San Fernando puso a la Policía sobre la pista

Con un secreto de sumario en vigor, los rumores sobre qué elemento ha podido llevar a la cárcel al funcionario isleño por el desfalco de la caja municipal, circulan por San Fernando sin freno alguno. Pero el contenido del auto dictado el pasado miércoles por la jueza, el cual concluía con el ingreso en prisión de Clemente R. G., al menos va despejando importantes dudas y fijan las primeras conclusiones hasta la fecha: todos los indicios recabados por la Policía Nacional apuntan sólo y exclusivamente al imputado; y su tren de vida, incompatible con los ingresos de un funcionario medio, sólo tienen una justificación para los investigadores, y es que se hizo con un dinero del que no hay rastro legal alguno.

Este periódico se ha hecho con el auto de la jueza y en él explica por qué Clemente R. G. supuestamente fue la persona que pudo sacar dinero de la cuenta municipal sin levantar sospechas, al tratarse del «único responsable en la confección de las hojas de caja (documentos donde quedan reflejados los movimientos contables), siendo éste el autor de las mismas y el único usuario a los efectos de acceso a las plantillas confeccionadas» que servían para el control de la caja municipal.

Al hacer una lectura completa del auto judicial, se observa que los investigadores aún no han llegado al modus operandi del desfalco. Al mecanismo que habría articulado el funcionario preso para desviar a sus cuentas una cantidad desorbitante de dinero, como son los 7,8 millones que conforman el agujero que existe actualmente en las cuentas del Ayuntamiento.

Los indicios que han jugado en su contra son irregularidades contables, los «errores que continuamente cometía Clemente R. G. respecto a la cantidad que quedaba en la caja cada día» y las operaciones inexistentes que según la investigación efectuó en el seno de su inmobiliaria para acreditar unos ingresos extras.

Pagos inflados

Como ya adelantara LA VOZ en su edición de ayer, una de las pruebas que juegan en su contra es la innecesaria petición de talones que realizó para validar unos pagos cuya cuantía era inferior del dinero que salía de la caja. La investigación señala como ejemplo varias fechas concretas: entre el 4 y 8 de mayo de 2007 extendió ocho talones por 138.000 euros, cuando los pagos se limitaban a una suma de 35.075,16 euros. La misma anomalía se detecta entre el 2 y el 27 de febrero de 2009, cuando se firmaron cinco talones por valor de 100.000 euros, pese a que el gasto era de 31.794,92 euros, indica el citado auto. Es decir, el dinero malversado supuestamente salía a través del engorde ficticio de pagos ordinarios municipales.

Pero las sospechas se han ido concentrando en estos últimos meses en la persona de Clemente R. G. debido a su economía doméstica. La Policía ha estudiado el movimiento de sus cuentas y ha concluido en una ecuación de imposible equilibrio: su nómina de 1.700 euros se quedaba excesivamente pequeña para afrontar gastos mensuales de 4.000 euros por el alquiler de varios locales comerciales, un chalé y el pago de la letra de su coche de lujo.

El ingreso en prisión de Clemente R. G. fue solicitado por la Fiscalía ante el avance de la investigación policial y aludiendo a dos de los requisitos para que un ciudadano sin juzgar esté recluido en la cárcel: el riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas.

Ahmed y Rabea

En este punto, la jueza desarrolla detalles desconocidos de la vida personal del funcionario y su esposa. Según la investigación policial, ambos han abrazado el Islam y han adoptado nuevos nombres: él se llama Ahmed y ella, Rabea. La pareja mantiene una estrecha amistad con una familia musulmana que reside en La Isla y la jueza entiende que este cúmulo de circunstancias, junto a la disposición económica que evidencia Clemente R. G. a través de sus cuentas, dibujarían un claro riesgo de que pudiera fugarse a Marruecos. En el auto también se subraya que el ingreso en prisión está más que justificado por la gravedad de los hechos que le imputan.