El PP denuncia que Interior 'pincha' comunicaciones con un sistema «ilegal»Tres bases de datos muy discutibles

El PP denunció ayer que el Ministerio del Interior utiliza un sistema de escuchas e intervención de comunicaciones que es «ilegal e inconstitucional» y que, además, carece de cualquier amparo normativo y, en muchas ocasiones, de control judicial. Alfredo Pérez Rubalcaba tardó apenas unos minutos en replicar a los populares con un ataque: recordó que esa herramienta informática fue comprada por el departamento cuando lo dirigía Mariano Rajoy y aseguró que todas las intervenciones están ordenas por los jueces.

El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, fue el encargado de presentar ayer la proposición no de ley del grupo popular para dar cobertura legislativa al conocido como Sistema Integral de Interceptación de las Comunicaciones (SITEL), un sofisticado aparataje informático que sirve para intervenir todo tipo de conversaciones y mensajes en tiempo real.

Desde un primer momento, González Pons reconoció que SITEL fue adquirido bajo el último Gobierno de José María Aznar, pero que el último ministro del Interior popular, Ángel Acebes, rechazó ponerlo en marcha después de que varios informes de los ministerios de Justicia, Defensa e Interior y del Consejo General del Poder Judicial expresaran sus dudas sobre la legalidad de esta herramienta informática bajo el actual marco legislativo. El vicesecretario del PP aseguró que la intención de los populares era empezar a trabajar con SITEL tras impulsar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su redacción actual sólo autoriza los tradicionales 'pinchazos' telefónicos analógicos, es decir, las cintas y funcionarios con auriculares.

La denuncia presentada por el PP sostiene que fue en diciembre de 2004, sin hacer esas reformas legales que debían afectar a ley orgánica, cuando Interior comenzó a usar este sistema. Siempre según el partido opositor, SITEL no discrimina llamadas, almacena sin control el «100% de los datos», carece de una «autoridad certificadora» que garantice que las grabaciones son las verdaderas, su centro o centros de interceptación son desconocidos y no están controlados, los «agentes facultados» para usar el sistema son igualmente una incógnita y los jueces no pueden supervisar su trabajo porque en el 90% de los casos no saben ni siquiera de su existencia. Es más, los jueces ignoran que las fuerzas de seguridad usan SITEL para hacer los 'pinchazos' que ellos ordenan. El dirigente popular insistió, asimismo, en que esta herramienta nació para usarse sólo contra terroristas, grandes narcotraficantes y redes de pederastia, pero que el Ministerio del Interior la utiliza para intervenir comunicaciones en investigaciones de todo tipo de delitos. «No existe ningún control sobre la capacidad del Gobierno para limitar los derechos de los españoles», llegó a denunciar.

Garantías

Pérez Rubalcaba, que reconoció que los 'pinchazos' de la operación 'Gürtel' proceden de SITEL, calificó de «gravísimas» las acusaciones del PP y las enmarcó en el enfado de la oposición por la operación anticorrupción que salpica a algunos de sus dirigentes. El ministro exhibió los contratos firmados por Rajoy y la entonces subsecretaria de Interior, Dolores de Cospedal, e insistió en que este sistema es mucho más garantista que el anterior.

Rubalcaba afirmó que el sistema «estaba operativo» en 2004, cuando llegó el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y no aclaró si el Ejecutivo promoverá una reforma legislativa o mayores controles. La brevedad de la comparecencia del ministro impidió que pudiera ser preguntado sobre el informe que elevó la Fiscalía de Madrid en 2006 al Fiscal General del Estado en el que advertía de que SITEL era utilizado sin cobertura jurídica adecuada y que el reglamento de 2005 que lo regula no tiene rango suficiente para dar garantías constitucionales.

SITEL no es, ni mucho menos, la única herramienta que Interior ha puesto en marcha para obtener y almacenar datos íntimos. Sólo en el último año creó tres archivos diferentes con informaciones con la justificación de aumentar la seguridad.

En octubre de 2008 nació el Sistema Informático Social Penitenciario con datos de «carácter personal» de los reclusos, incluido su estado de salud. En junio 2009, Rubalcaba firmó un convenio para ceder a EE UU archivos con la «vida sexual» y «opinión política» de españoles sospechosos de terrorismo, sin que medie sentencia condenatoria alguna. El 29 de septiembre, dio luz verde al Sistema Estadístico de Criminalidad, que se nutre de meras sospechas o denuncias policiales, sin que tampoco haya un fallo judicial.