Falta de consenso

El proyecto de reforma de la Ley de Extranjería refrendado ayer por el Congreso con la oposición del Partido Popular y los reparos de algunas ONG y asociaciones defensoras de derechos humanos, supone la cuarta modificación en los últimos ocho años; lo que refleja las dificultades para adecuar la legislación a un fenómeno creciente como el de la inmigración, pero también la renuncia a afrontar un asunto tan relevante con consenso. El equilibrio entre los derechos de los inmigrantes y la exigencia social de ordenar la estancia de quienes aspiran a encontrar una vida mejor en nuestro país resulta complejo sin restricciones que impidan abusos que pueden desembocar en situaciones de convivencia social potencialmente conflictivas. Pero los límites a la entrada irregular no deberían derivar en su simple consideración como potenciales delincuentes.