Urbanismo estima que la legalización de viviendas costará 360 millones de euros

La delegada de Urbanismo, Cándida Verdier, no dio ayer la cifra exacta de alegaciones que se han presentado en los dos últimos meses a las Ordenanzas de Regularización, pero, a cambio, ofreció dos novedades importantes que cambiarán sustancialmente el proceso para legalizar el extrarradio.

La primera de ellas es la propuesta para reducir la parcela mínima a regularizar, lo que hará que se incremente el número de casas en los próximos años en el diseminado (sin aumentarse la edificabilidad), y facilitará que se puedan reducir los costes del proceso «en un 20%, un 30% y hasta un 40%», según apuntó.

Esta medida, que había sido solicitada días atrás por algunos colectivos vecinales, se aplicará en el nuevo PGOU que ha comenzado a redactar la empresa del arquitecto González Fustegueras, y que no entrará en vigor antes de dos años.

Además, la máxima responsable de Urbanismo explicó que el Ayuntamiento «no puede asumir el pago de un tercio del proceso», como exigen algunos vecinos y la oposición. «Un tercio de la regularización son casi 20.000 millones de las antiguas pesetas», argumentó Verdier, quien reveló que según los cálculos de la GMU, el proceso para dotar de legalidad a las más de 15.000 casas levantadas sin licencia en el municipio costará casi 360 millones de euros.

Intenciones municipales

Esta cifra es «entre un 15% y un 20% menor a la que se planteaba con las Ordenanzas anteriores», matizó Verdier, que insistió en las intenciones del Gobierno municipal de tener aprobadas las ordenanzas «lo antes posible».

En los próximos días los técnicos municipales terminarán de analizar las alegaciones presentadas; según informaron ayer fuentes municipales «hasta el momento se han contabilizado 1.594», pero la realidad es que hay más.

Una a una deberán ser aceptadas o rechazadas por el Ayuntamiento. A partir de ahí, el proceso de aprobación definitiva de este documento deberá volver a debatirse en sesión plenaria, y la regularización comenzará formalmente. Hasta que eso ocurra el debate sigue abierto; el Gobierno local ha ofrecido al resto de grupos políticos un «acuerdo de mínimos» para ejecutar el proceso con el máximo consenso posible.

Además la delegada de Urbanismo aseguró ayer que no cree que haya problemas en que los vecinos contraten las obras para tener servicios, «siempre que haya garantías para la Gerencia».