Un chivatazo con muchas sombras

El 4 de mayo de 2006, entre las 11.10 y 12.00 horas, una llamada al supuesto jefe de la red de extorsión de ETA, Joseba Elosúa, alertó de la inminencia de una operación policial en Irún contra la trama de recaudación del impuesto revolucionario. La llamada existió. Lo revelan los pinchazos a Elosúa y de su existencia no duda ni la Fiscalía ni el juez que investiga el chivatazo, Baltasar Garzón. Tres años y medio de investigaciones -a juicio del Ministerio Público- no han servido, sin embargo, para aclarar quién estuvo detrás de esa delación. El aviso, según el propio Elosúa, tenía como objetivo no complicar el proceso de negociación con ETA, que entonces se encontraba en marcha.

La Fiscalía ha pedido a Garzón que dé carpetazo al asunto por falta de autor conocido, pero sindicatos de policía, acusaciones, víctimas del terrorismo y el PP piden que el chivatazo no se cierre en falso y se agote la línea de investigación que apunta a que los autores son responsables del Ministerio del Interior. Las sombras son más que las luces en este caso, cuyo sumario sigue todavía en la penumbra ya que el juez Garzón no permite hacerlo público, pues recoge datos identificativos de agentes de la lucha antiterrorista. Las preguntas sin respuesta, entretanto, siguen acumulándose.

Responsables de Interior. ¿Qué pruebas llevaron a los agentes a sospechar que el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, podía estar detrás del chivatazo? Según ha desvelado la Fiscalía, el teléfono del director y y cinco funcionarios, entre ellos un comisario de la lucha antiterrorista y el jefe superior de Policía del País Vasco, estuvieron pinchados casi dos años con autorización del juez, que vio indicios suficientes para adoptar una medida tan extrema.

Comisario general. El sustituto de Baltasar Garzón, Fernando Grande-Marlaska, en una decisión sin precedentes, prohibió participar en la investigación a Telesforo Rubio, en aquel momento comisario general de Información. Jamás se conocieron las razones que llevaron al juez a marginar al que entonces era el máximo responsable de la Policía en materia de lucha antiterrorista.

Guardia Civil. ¿Por qué apartó Garzón a la Guardia Civil de la investigación? Grande-Marlaska encomendó al instituto armado que indagara, habida cuenta del riesgo de encargar sólo a la policía que investigara un delito en el que ella misma podía estar involucrada. En cuanto el juez Garzón regresó de su excedencia en Estados Unidos, apartó a la Benemérita.

Datos erróneos. La Guardia Civil, que apenas tuvo tiempo para investigar, no llegó a ninguna conclusión porque partió de datos erróneos sobre la hora en la que se produjo el chivatazo. ¿Despiste o intencionalidad?

Agentes con intereses. Tras apartar a la Guardia Civil, la investigación quedó en manos del inspector jefe Carlos G., algo inusual porque por la parte francesa estas diligencias estaban dirigidas por un comisario, un rango superior. Además, el inspector que debía investigar el chivatazo tenía intereses directos en el caso, pues él mismo estaba al frente del equipo policial que investigaba la trama de extorsión de ETA que recibió la delación.

Cadena de mando. Ni Garzón ni la Fiscalía exigieron la relación de la cadena de mandos de Interior que estaban al tanto de la inminencia de la operación. Al margen de los imputados, ningún otro alto cargo ha declarado como testigo.

Llamadas. La Policía investigó a 47 teléfonos móviles, aunque el tráfico de llamadas en esa zona a la hora en que se produjo el chivatazo fue mucho mayor. Algunas fuentes apuntan a que hubo cerca de 200 números. Sólo se solicitó a las autoridades francesas información sobre los titulares de tres teléfonos móviles.

Cámaras. El inspector Carlos G. acusó esta semana a la Fiscalía de haber omitido en su informe datos. Afirma, en contra de lo que dice el fiscal, que hay grabaciones de todo lo que ocurrió ese día en las inmediaciones del bar Faisán, centro de la red de extorsión, y no sólo de la puerta principal del local.

Francia. En esa misma declaración, el inspector acusa a los agentes franceses de haber sido reticentes a actuar contra el aparato de extorsión. Garzón jamás ha llamado a declarar a los funcionarios galos del operativo.

Investigación paralela. La Fiscalía asegura que la hipótesis de los agentes, que el aviso fue obra de responsables policiales, no es más que una elucubración sin «aval probatorio alguno». Sin embargo, la Fiscalía nunca ha pedido a Garzón que encargue a otra unidad una investigación paralela para comprobar si llegaba a las mismas conclusiones.

Reconocimiento. Elosúa nunca ha identificado en las ruedas de reconocimiento a la persona que le dio el móvil al que llamaron con el chivatazo. En esos reconocimientos no han participado todos los agentes que se encontraban en la zona el día de la delación y tampoco la mujer del jefe de la trama de extorsión, que también vio a esa persona.

Careos. Jamás se han producido careos entre los agentes del operativo, responsables policiales que han estado bajo sospecha y los funcionarios que investigaron la delación, aunque sus versiones en muchos casos no han sido coincidentes.