La abogacía se querellará contra Garzón por las escuchas en el 'caso Gürtel'

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha acordado presentar una querella por prevaricación contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y las fiscales del caso Gürtel por haber ordenado y consentido las escuchas de las conversaciones que mantuvieron en la prisión madrileña de Soto del Real los tres cabecillas de la trama encarcelados con sus letrados defensores.

La abogacía, que también acusa al juez central de instrucción número 5 y a las fiscales anticorrupción Concha Sabadell y Miriam Segura de quebrantamiento del secreto de las comunicaciones, ha presentado quejas oficiales por estas grabaciones «intolerables para el derecho de defensa» ante el Poder Judicial, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en la actualidad centraliza las investigaciones sobre la trama corrupta.

Según la resolución del órgano de gobierno de los abogados madrileños, la denuncia que presentarán sólo se paralizará si el Ministerio Público abre una investigación para «depurar las responsabilidades» de sus fiscales y del magistrado. En ese caso, los letrados han acordado que se personarán en todos los procedimientos que se abran contra el juez Garzón y las fiscales Sabadell y Segura. Todo ello, al margen de las actuaciones legales que lleven a cabo cada uno de los abogados afectados cuyas comunicaciones fueron intervenidas.

El colectivo dirige su «más enérgica protesta» al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por la actuación de sus dos subordinadas, a las que acusa de haber «consentido» la violación de las comunicaciones.

Amparo

El colegio madrileño igualmente ha otorgado el amparo que reclamaron los ocho abogados cuyas conversaciones con Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez fueron grabadas y hechas públicas hace dos semanas cuando se levantó el secreto parcial del sumario. En varios puntos de esas charlas grabadas, los letrados y sus defendidos abordaban estrategias procesales que nada tienen que ver con las investigaciones en marcha.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, que pide además al Consejo General del Poder Judicial que compruebe de inmediato si han cesado las escuchas a los abogados del caso Gürtel, hizo pública una nota en la que insiste en su «extrema preocupación» por la «vulneración» que, en su opinión, Baltasar Garzón y las fiscales han hecho del «derecho de defensa y de la confidencialidad de las relaciones entre el abogado y su cliente, elementos esenciales del Estado de Derecho». «La quiebra de ese derecho fundamental es especialmente odiosa», apostilla el colegio profesional.

El abogado de Francisco Correa, José Antonio Choclán, uno de los letrados cuyas conversaciones fueron grabadas, es el que más beligerante hasta el momento se ha mostrado con este asunto. Choclán ya ha anunciado que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la nulidad de las actuaciones por las «escuchas ilegales». Además, este abogado prepara querellas ante el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción.