Libertad con cargos para Millet por el desfalco del 'caso Palau'

Tres meses después de que explotase el escándalo del Palau de la Música, su ex presidente Fèlix Millet y el ex director financiero Jordi Montull declararon ayer ante el juez para explicar el desvío de unos 10 millones de euros. El caso ha conmocionado a la sociedad catalana, que tenía en Millet a uno de sus prohombres más destacados y admirados.

El caso, además, ha ido más allá de la implicación de los antiguos directivos porque ahora empiezan a desvelarse ramificaciones que apuntan a la financiación ilegal de los partidos. Primero fue Angel Colom, de Convegrencia Democrática de Catalunya, que reconoció que aceptó dinero del Palau para pagar la deuda que mantenía el Partido per l'Independencia, y ahora es la Fundación Trias Fargas, también de Convergencia, que ha confesado que recibió ayudas de Millet. El PSC, a través de la Fundación Olof Palme, y el PP, mediante FAES, han sido vinculados asimismo con el caso.

Aunque el fiscal había pedido prisión preventiva para ambos, el titular del Juzgado número 30 de Barcelona, Juli Solaz, decretó libertad con cargos para los acusados, que, eso sí, no podrán abandonar el país mientras dure la investigación. Millet y Montull están acusados de dos delitos continuados de falsedad en documento oficial y también de apropiación indebida.

El ex presidente de la Fundación Orfeón-Palau de la Música catalana y su mano derecha ratificaron ante el juez lo que ya habían dicho un mes antes en una carta al propio magistrado. En la misiva, reconocieron que cometieron «importantes irregularidades durante su gestión», por un importe de 3,3 millones de euros.

Entre otros desfalcos, asumieron un pago en nombre del Palau por 1,3 millones de euros en obras en dos inmuebles de Millet. Asimismo, reconocieron haber gastado medio millón de euros en viajes familiares, también pagados por el Palau, y admitieron haber comprado en nombre de la entidad un edificio propiedad de Millet y de Montull por el doble de su precio. Aceptaron, además, el pago de comisiones y contratos de músicos con dinero negro.

La declaración de ayer es la culminación de casi un año de investigación. En junio, la Fiscalía presentó una querella ante el juzgado, que no ordenó el registro del Palau hasta un mes después.