Futuro audiovisual

C on la aprobación ayer por el Consejo de Ministros del proyecto de Ley General Audiovisual se completa el marco legal para un sector que es clave no sólo en la transmisión de valores y conocimiento, sino también en la estructura industrial de una economía cada vez más dependiente para su desarrollo de las nuevas tecnologías. La nueva iniciativa legislativa, que incorpora la reciente normativa sobre pluralidad y competencia o sobre la TDT de pago, también establece ahora un nuevo órgano regulador al que dota de amplias facultades sancionadoras, además de introducir límites precisos para los contenidos publicitarios y para el tiempo de su emisión. Igualmente, se regula el régimen de concesiones a los operadores, la desaparición de la publicidad en TVE, junto con la correspondiente fijación de las tasas que deberán pagar los agentes del sector; y la accesibilidad a la televisión de las personas con discapacidad auditiva. En líneas generales, el texto legal adapta nuestro ordenamiento jurídico tanto a la realidad de la industria audiovisual, como a la normativa vigente en los países europeos. En esto último incide la prohibición de emitir en abierto pornografía o violencia gratuita, una medida que refuerza la necesaria protección de los menores ante contenidos inadecuados o directamente perjudiciales, incluso si no son tan explícitos como los que se pretenden acotar. El establecimiento de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, integrado por miembros que serán elegidos por una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso, debería constituir un ejemplo de independencia y profesionalización, evitando los dirigismos partidistas y un exceso intervencionista que pudiera hacer peligrar el equilibrio competitivo del sector.