Felices dieciséis

Dice la canción que «quince años tiene mi amor», pero no menciona los 16. Los deja en manos de la legislación porque son otro cantar. Según las leyes españolas vigentes, una adolescente de esa edad es una persona inmadura para conducir un coche, ponerse un piercing y votar a sus representantes políticos, pero no lo es para mantener relaciones sexuales consentidas, casarse –aunque nada de celebrarlo con una copa de cava, porque legalmente no puede tomar alcohol hasta los 18–, dejar de estudiar, decidir si quiere seguir un tratamiento oncológico, hacer una excursión en horario escolar, ir a la cárcel si ha cometido un delito muy grave y, al amparo de la futura ley del aborto, interrumpir la gestación sin que sus padres se enteren. Tan mujer para unas cosas y tan niña para otras.

Muchos se preguntan si la cabeza de una chica de 16 está amueblada como para asumir ella sola decisiones de gran calibre como no seguir adelante con su embarazo no deseado. Se cuestiona su competencia ética para decidir y con ello, cómo y quién la valora:¿los padres, un médico o un juez?

La única certeza compartida es que cada adolescente es un mundo y tiene su propio ritmo. El problema es que hay que legislar para la mayoría, y a partir de aquí comienzan las discrepancias, sobre todo cuando cada cambio en una ley abre nuevos dilemas legales y morales. Uno de los ejemplos más claros lo ofrece la propia ministra de Sanidad. Aunque no tiene hijos, Trinidad Jiménez asegura compartir sin ambages «todos los criterios» incluidos en la elaboración de la nueva ley, sin embargo ha dicho que, si se le presentara el caso, «fracasaría como madre si mi hija no me dijera que va a abortar».

Y como ella, tiemblan muchos padres y no padres. Muchísimos. La semana pasada, varios periódicos publicaban sondeos de opinión que mostraban sin excepción el rechazo mayoritario de la sociedad –seis de cada diez españoles– a que las jóvenes de 16 y 17 años pasen por un quirófano para abortar sin contar con el consejo, apoyo y opinión de sus progenitores. Un jarro de agua fría para el proyecto de Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo del Gobierno socialista que en octubre llegará al Parlamento para su debate.

El psicólogo de la Adolescencia Alfredo Oliva Delgado se recuerda a los dieciséis «menos maduro de lo que ha sido mi hijo con esa edad, pero yo ya tenía unos valores e ideas claras» que hoy, asegura, sigue manteniendo a grandes rasgos. Lo que este investigador de la Universidad de Sevilla quiere hacer ver es que su caso no es una excepción, sino que «a partir de los 15-16, el nivel de razonamiento lógico y la capacidad para tomar decisiones sopesando pros y contras no difiere tanto del de un adulto». Menos claro lo tiene Javier Urra, psicólogo de la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para quien «el debate es muy complejo. En muchas ocasiones se establece una edad u otra en función del debate social del momento», argumenta. Y le vienen a la mente, por ejemplo, «las voces de hace unos meses pidiendo cárcel para los menores de 16 años» tras el caso de Marta del Castillo.

La ley española es cada vez más protectora y eleva la edad. Veamos cómo. Desde 2005, los menores de 18 no pueden comprar tabaco en España y desde 2006 tienen vetado acceder a bares especiales o discotecas, salvo las light (con horario de seis de la tarde a diez de la noche). Si son sorprendidos consumiendo alcohol puede caerles una multa de 300 euros o más. Además, en septiembre de 2008 se modificó el reglamento general de conductores de modo que, a partir de 2010, para pilotar ciclomotores habrá que tener 15 años y no 14. Tampoco son suficientes los 16 para transportar pasajeros en un vehículo de este tipo, sino 18. Por el contrario, en asuntos relacionados con la autonomía sexual, la legislación enfrenta a los menores antes al Código Penal. Así, y aunque el Gobierno aprobó en febrero una reforma para subirla, la edad legal de consentimiento para relaciones sexuales sigue estando en los trece años.

¿Cómo establecen los legisladores la mejor mayoría de edad para elaborar las normas que incumben a menores? En principio, la gradación de los límites se fija «en función de la capacidad de obrar del menor». La Convención sobre los Derechos de la Infancia, aprobada por la ONU hace dos décadas, les sirve también de inspiración. Partiendo de estas dos bases, en general, los expertos valoran que se otorguen concesiones graduales de derechos, aunque aprecian «incongruencias» porque «la realidad social y el sentir de los jóvenes van muy por delante». «El Derecho trata a los menores de forma desigual e incoherente en muchas ocasiones. Se pasa de la sobreprotección al descuido. Interesa hacer una revisión, adaptar la ley a los nuevos tiempos y a cada caso», advierte el juez de menores de Granada Emilio Calatayud, conocido por sus condenas ejemplares a menores.

Contradicciones

Secunda este argumento Altamira Gonzalo, al frente de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, si bien ella no está de acuerdo en hacer salvedades. Si la normativa considera que en materia sanitaria –lo estableció en 2002 la La Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente– un chico o una chica de 16 años es cabal para tomar decisiones «sobre el destino de su cuerpo», no se pueden establecer excepciones como la del aborto. «Si no se cuestiona que alguien decida tener un hijo a esa edad tampoco se le debe poner en duda optar por lo contrario», apunta. Jesús Gómez-Zapiain, profesor de Psicología de la Sexualidad de la Universidad del País Vasco, abre otra caja de pandora cuando afirma que «es duro decirlo, pero a algunas chicas hay que protegerles de su propia familia. He visto verdaderos destrozos humanos y por eso no me parece inadecuado que puedan decidir abortar. Muchas familias, en la última persona en quien piensan es en su hija».

Casos extremos. Recordaremos uno que sucedió el mes pasado: el del estadounidense Daniel Hauser, un paciente de cáncer de 13 años que huyó con su madre a México porque no quería someterse a quimioterapia. Tanto él como su madre preferían un tratamiento a base de vitaminas y de «encomendarse a Dios». El padre del muchacho, en cambio, vivía sumido en la controversia y, junto con los Servicios Sociales de Minnesota, acabó llevando el caso a los tribunales. Han conseguido un fallo favorable y, según los médicos, el chico tiene un 90% de posibilidades de superar el cáncer con el tratamiento prescrito. «A los padres que tienen poca calidad de comunicación con sus hijos les vienen bien las leyes restrictivas», apunta a este respecto Gómez-Zapiain.

Cuestión de confianza

Mientras Arturo Canalda, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, considera que, de aprobarse esta reforma, ni siquiera cabrá toda posibilidad de abrir una vía de diálogo.«La nueva ley hurtará a los progenitores la posibilidad de hablar con sus hijas y apoyarlas en una situación complicada», rechaza. «Dejando actuar libremente a una chica de 16 años en esa situación no se hará sino agrandar el error», apoya Javier Elzo, sociólogo autor de varios análisis sobre el mundo adolescente. Carmen Ortiz, presidenta de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública, es más partidaria de tender la mano a los adultos. «Si lo que preocupa es si los hijos tendrán la confianza de contárselo a sus padres eso ya es una cuestión que no puede regular la ley. La confianza hay que ganársela», dice.