Juan Carlos Juárez, seis años y un día

Hay algo de justicia poética en la condena, inhabilitación y dimisión de Juan Carlos Juárez como alcalde de La Línea. Dicha sentencia -la primera de una ristra que él espera a lo largo de los próximos meses- obedece a una deuda de más de 300 millones de pesetas contraída por el Ayuntamiento entre 1994 y 1997 cuando el municipio era gobernado por el PP, al que Juárez arrebató la Alcaldía en 1999, al frente de la candidatura del GIL. Luego sería cuando Juárez terminó en el PP tras deshojar la margarita del PSOE que le tendió la entonces socialista Juana Lasry, hoy en las filas del partido de Rosa Díez.

¿Por qué ha pagado el pato Juárez del llamado Caso Palex si la deuda no era suya? Porque como alcalde desatendió los requerimientos de pago que se le formularon hasta que no tuvo más remedio que ingresar la deuda en vísperas de que se juicio. Palex era el nombre de la empresa que suministraba el material necesario para hacer posible el servicio local de hemodiálisis tutelado por el Ayuntamiento, que cobraba a los usuarios pero que le dejó a deber la friolera de 337.526.223 pesetas. Juárez intentó justificar el delito de desobediencia que le imputó el juzgado de lo penal 2 de Algeciras, en base a que era imposible acatar entonces la resolución con los medios que en ese instante disponía el Consistorio.

Desde el mes de enero, cuando se conoció el fallo, ha batido el récord de recursos que está dispuesto a llevar hasta el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Juárez, a partir de ahora, se va a vivir a cualquier libro de John Grisham, el especialista en novelas judiciales. De hecho, ya se ha anunciado la apertura de juicio oral contra él por el llamado Caso de las Contrataciones, a través del Juzgado de Instrucción Número 3 de los de La Línea, en cuyo sumario también se imputa a los concejales Manuel Aguilera y Alfonso González Carbonell, y a dos funcionarios, por un presunto delito continuado de prevaricación por un caso de contratación supuestamente irregular por la contratación a dedo, entre 1999 y 2000, de más de un centenar de trabajadores, muchos de ellos militantes del GIL.

La Fiscalía le reclama por ello una condena de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público durante diez años. Las acusaciones, además, añaden supuestos de malversación de caudales públicos y contra los derechos fundamentales. Por el primero de éstos, se reclama al alcalde la pena de seis años de prisión e inhabilitación por término de quince años. Por la última imputación, de confirmarse, se le demanda la pena de cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La Fiscalía Anticorrupción sigue investigando el llamado Caso Roseworld, la empresa beneficiaria de la venta irregular de cuatro parcelas del Ayuntamiento mediante el procedimiento de subasta en 2005. Hasta entonces, Roseworld carecía de actividad y las sospechas apuntan a que es le utilizó como pantalla para dicha operación inmobiliaria en unas diligencias que también implican al ex concejal de Urbanismo Carlos Ruiz Calama, que fuera su brazo derecho en la Casa Consistorial. La imputación para ambos es de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias y la acusación particular pide 28 años de prisión y 56 de inhabilitación. Pero hay más. Unas piezas sumariales de 2002 le relacionan con el cobro irregular de sanciones por parte de agentes de la Policía Local que jamás habrían ingresado dichas sumas en las arcas municipales. Por no hablar de las ramificaciones de la operación Ballena Blanca, la célebre red de blanqueo centrada en la Costa del Sol: una de las empresas implicadas en dicha trama, Allerton Holding realizó algunas generosas donaciones al Ayuntamiento linense y se anunció en la Sociedad Municipal de Comunicación que gestiona la radiotelevisión local.

Sorprende la celeridad con que la justicia falló en contra el ex alcalde socialista de Los Barrios, Alonso Rojas, y la calma que ha reinado en los procedimientos emprendidos contra el regidor linense. Juárez, ahora, habla de conspiración judeomasónica y socialista en su contra. Pero sorprenden, desde luego, los encajes de bolillos del PPr: de ni el presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, ni su secretario Antonio Sanz, forman parte del club de fans de Juárez. ¿Pero cómo deponer a un alcalde que gana sucesivas mayorías absolutas? Le seguirán apoyando. Con la nariz tapada, pero sí.

Y si no hay de por medio alguna condena privativa de libertad como podría ocurrir si es condenado en el llamado caso de los contratos, lo cierto es que Juárez podrá comparecer como candidato a las elecciones de 2011, ya que la inhabilitación actual concluirá en seis meses. Y al día siguiente volvería a las andadas si es que no lo sigue haciendo en las bambalinas con su sustituto temporal como un simple fidecomiso de sus decisiones en la sombra. La ciudadanía es probable que le siga votando. La opinión pública de La Línea, como en su día la de Marbella, está orgullosa del cambio que ha experimentado la imagen de la localidad. Pero no parece saber ni contestar cuando se les pregunta por la deuda municipal que, desde que gobierna Juárez ha pasado de 10 a 90 millones de euros.