La retirada de los taxis, la última gota

«El Plan de Modernización del Ministerio choca con las medidas de austeridad que está aplicando la Delegación Provincial de Justicia. La situación de crisis actual no puede ser una causa que justifique la abrumadora paralización de servicios que va a provocar estas decisiones». Con estas palabras, el decano de Jerez se refiere a la polémica que se ha suscitado con la eliminación del transporte en taxi para los funcionarios que realizan servicios como las notificaciones.

Esta medida ha sido una gota más que se ha añadido a la copa de las insatisfacciones no sólo de la carrera judicial. Durante la asamblea de ayer hubo jueces que advirtieron que esta prohibición tendrá una repercusión directa en el ciudadano, con la suspensión de juicios porque no se pueden enviar las notificaciones. Y es que la alternativa del transporte público «es inviable» en zonas de diseminado donde no llegan los autobuses.

Muy esperada era la respuesta de los jueces de Sevilla porque fue allí donde el conflicto se personalizó en la figura del juez Tirado, expedientado por el caso Mariluz. Ayer estaba prevista la junta donde debería salir su postura de cara a la huelga, pero por segunda vez se suspendió. Manuel Ignacio Centeno, convocante de la reunión como magistrado con más antigüedad, explicó que el quórum estaba fijado en 60 asistentes, la mitad más uno de los jueces de órganos unipersonales, pero a la convocatoria acudieron algo menos de 50.

Con la incorporación de Cádiz, la lista de juntas provinciales que ya se han pronunciado a favor de la huelga son: Ciudad Real, Toledo, Albacete, Alicante, Valencia, Castellón, La Coruña, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Córdoba y Zamora. Madrid, en cambio, ha votado en contra.