La ONU denuncia la «intimidación» de los golpistas a la Embajada de Brasil

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó ayer los «actos de intimidación» ordenados por los golpistas de Honduras contra la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, que desde el lunes acoge al presidente depuesto, Manuel Zelaya. Previamente, el canciller del Ejecutivo de Lula, Celso Amorin, había explicado a los quince integrantes del organismo que el gobierno de facto de Roberto Micheletti había cortado la luz, el agua, el teléfono y el suministro de alimentos a la legación. Además, la Policía conminaba al personal de la sede diplomática a abandonarla, lo que, según Amorin, es una «clara violación de las reglas de la Convención de Viena sobre las relaciones internacionales».

Las provisiones de Naciones Unidas que abastecen a los alojados sólo llegan con cuentagotas, después de sortear el retén militar que rodea el edificio, donde Zelaya, su familia y algunos de sus ayudantes intentan perfilar los pasos necesarios para retomar el diálogo.

Ayer, el mandatario fue visitado por cuatro de los seis candidatos presidenciales -no acudieron los dos zelayistas- de las elecciones convocadas por el gobierno golpista para noviembre. Previamente habían mantenido un encuentro con Micheletti.

Fraude, abuso de confianza, conflicto de intereses, evasión de impuestos, violación de la llamada Ley del Regalo y no declaración de bienes. La lista de cargos a los que se enfrenta el ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert, es casi tan larga como el procedimiento judicial que ayer arrancó en Jerusalén, pero que iniciará su fase crucial el 22 de febrero, cuando dé comienzo la declaración de los testigos.

A punto de convertirse en el primer jefe del Gobierno hebreo en sentarse en un banquillo, un Olmert demacrado recitaba ayer en su defensa una letanía calcada de la que pronunció el 30 de julio de 2008, cuando renunció a su puesto abrumado por las sospechas de corrupción. «He llegado aquí como un hombre inocente y creo que será así como me vaya», decía a la entrada del tribunal. «Durante tres años he sido objeto de una campaña casi inhumana de difamaciones e investigaciones, y he pagado un alto precio», se quejó.