Los infractores de tráfico tardan un año y medio en cumplir la pena por falta de recursos

Rapidez y eficacia, era el lema que se impusieron en los juzgados de lo penal, allá por el 2007, cuando al reformarse el Código Penal las infracciones de tráfico dejaron de ser meras faltas administrativas y pasaron a considerarse delitos penales. Los juzgados de lo penal de Cádiz pasaron de recibir unos 1.000 expedientes al año, a tramitar más de 3.600, por delitos como excesos de velocidad, circular bajo los efectos del alcohol o conducir de manera temeraria.

Para evitar el colapso se aplicaron los llamados juicios rápidos, que daban buena cuenta de los expedientes en poco tiempo. No en vano, desde que el infractor era denunciado hasta que pasaba ante el juez, pasaban apenas cuatro días. Y el mismo día de la vista, el infractor salía del juzgado con una sentencia bajo el brazo (en más del 90% de los casos, declarado culpable).

Sin embargo, tanta rapidez y eficacia, aplicada en los expedientes durante el proceso judicial, se paraliza como en un embotellamiento de tráfico a la hora de ejecutar las condenas. En concreto, los gaditanos que cometen algún tipo de infracción al volante y son condenados tienen que esperar hasta un año y medio desde que son sentenciados hasta que llegan a cumplir las penas impuestas por el juez, al menos cuando se trata de penas alternativas a la privación de libertad, como los trabajos sociales en beneficio de la comunidad. Y esto ocurre en el más del 90% de las sentencias.

No dan abasto

«Las sentencias van llegando por kilos y no damos abasto», explican gráficamente los trabajadores de las Oficinas de Servicio Social Penitenciario de la provincia, dependientes de Instituciones Penitenciarias y donde se asigna a cada sancionado el puesto social más apropiado a sus circunstancias. En la provincia existen tres de estas oficinas, en Jerez, Algeciras y Cádiz. Fuentes de Instituciones Penitenciarias reconocen que están ejecutando algunas sentencias que se remontan a 2007. Y que las entrevistas a los condenados, para analizar qué empleo les convienen se están citando para mayo de 2010. «Estamos colapsados», explican los funcionarios.

Este retraso en el cumplimiento de las penas se debe, sobre todo, a la escasez de plazas de trabajo social en las que emplear a los condenados, con los que son incapaces de absorber las más de 3.600 sentencias condenatorias que se dictan al año en los juzgados.

Sólo en la oficina de Cádiz -que engloba a penados de la Janda y de la Bahía- cuentan en la actualidad con 1.680 expedientes de personas se encuentran cumpliendo tareas o están en proceso de realizarlas, de las cuales más de 1.100 son infractores de tráfico. El número de plazas de empleos en toda Andalucía, en cambio, apenas llegaba a los 1.151 puestos en 2008 (según la Memoria Fiscal del TSJA de este año). Aunque algunas plazas pueden ser ocupadas por varias personas en distintos días, según fuentes Instituciones Penitenciarias, apenas dan cobertura para ejecutar un 32% de las condenas. El resto de expedientes se acumulan en listas de espera, con el riesgo de que pueda prescribir la condena y el delito quede impune.

A pesar del retraso que sufren las oficinas de Servicios Sociales Penitenciarios, «hasta ahora no se han dado casos de condenas que hayan llegado a prescribir», explican fuentes de Instituciones Penitenciarias en Cádiz. Y es que el plazo de prescripción de las infracciones tipificadas como delitos se cumple a los cinco años. Mientras que las tramitadas como faltas, prescriben en un año.

De este modo, tarde o temprano, se ha terminado aplicando la Justicia. Con todo, desde comienzos de 2009, la Fiscalía de Cádiz ha comenzado a aplicar un criterio distinto a la hora de procesar los delitos de tráfico, de manera que ahora todas las condenas con penas que incluyan tareas sociales -aunque la infracción sea considerada un delito- prescriben en un año.

Actualmente, Instituciones Penitenciarias mantiene acuerdos con prácticamente todos los municipios de la provincia, a través de un convenio con la Federación de Municipios y Provincias, para cubrir puestos de trabajo social en los Consistorios con infractores sentenciados. Además, el Gobierno firma acuerdos de este tipo con ONG y entidades sociales como Cruz Roja o asociaciones de vecinos.

Pese a los convenios, el número de puestos de trabajo que ofrece cada Ayuntamiento resulta aún insuficiente. Como muestra, un botón: en San Fernando sólo cuentan con cinco plazas disponibles para los condenados. Mientras en Cádiz capital, cumplen penas unas 20 personas.

«No sólo hay pocos puestos de trabajo, sino que los que hay no tienen nada que ver con la seguridad vial, lo cual es mucho más grave». Quien lo apunta es el fiscal delegado en Seguridad Vial en Cádiz, Juan Bosco, que recuerda que el 80% de los condenados acaban dedicados al mantenimiento urbano en las ciudades (casi siempre, en jardinería) o cumpliendo labores administrativas.

Al valorar la eficacia de este tipo de medidas, Bosco contesta tajante: «Los trabajos en beneficio de la sociedad habría que sustituirlos, por ejemplo, por cursos de seguridad vial, o crear un tejido de puestos que realmente estén relacionados con ella». Por lo que apela a una mayor implicación de las administraciones.