La plataforma reactiva las protestas para pedir responsabilidades políticas por el robo

La plataforma ciudadana Responsabilidades Políticas Ya se ha reactivado con el fin del verano. Tras realizar un reparto de panfletos durante el pasado fin de semana en la playa de Camposoto, ahora han convocado una asamblea vecinal para el jueves a las 20:00 horas, donde decidirán nuevas medidas de protesta, que podrían tener sus miras en la celebración del 24 de septiembre. Este renovado calendario de movilizaciones se plantea cuando se cumplen cinco meses de la desaparición de los 7,8 millones de euros de la caja municipal.

Y es que marcaba el calendario el día 1 de abril cuando se hacía pública la noticia de que dos funcionarios de la delegación de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de San Fernando habían sido detenidos por un presunto robo de dinero en metálico de la caja municipal. Clemente R.G. y María José L. de C. pasaron dos noches en el calabozo de la Comisaría isleña, en espera de pasar a disposición judicial.

Auto secreto

Finalmente salían en libertad con cargos, en espera de la resolución de un juicio que aún no tiene fecha definida. Cinco meses después, el único paso adelante en el esclarecimiento de los hechos se centra en el juicio para la reincorporación de los dos imputados a sus puestos de trabajo. Así, el abogado de Clemente R.G., el letrado Ignacio Quintana, señaló que presentarán un solicitud de levantamiento del secreto de sumario en esta misma semana. La cuestión se centra en que su defendido tiene fijado por el juzgado número tres de lo contencioso la fecha de este litigio paralelo en apenas cuatro meses, para diciembre de este mismo año.

«Para resolver el contencioso y decidir si la suspensión de empleo es justificada o injustificada es necesario conocer algunos datos de la investigación principal», explicó Ignacio Quintana. De esta manera el abogado aseguró que será necesario como mínimo el levantamiento parcial del secreto sumarial. «Después de cinco meses suponemos que tendrán algo que decir aunque estamos convencidos de que no hay pruebas contra ellos».

Pero su compañera de tareas en la delegación de Economía, María José L. de C. no correrá la misma suerte ya que su juicio se ha fijado por el juzgado de lo contencioso número uno, para abril de 2010. Así las cosas es probable que esta medida llegue más tarde que el esclarecimiento del robo de la Caja.

Lo cierto es que el mes de septiembre puede despejar muchas cuestiones sobre un robo que según las investigaciones internas realizadas por el consistorio isleño podría estar produciéndose desde el año 2003 de forma continua hasta que los técnicos de la Cámara de Cuentas de Andalucía descubrieron anomalías en la caja cuando realizaban una auditoría rutinaria en la administración local.

Así, este organismo dependiente del Parlamento autónomo anunció que este mes podrían darse a conocer datos reveladores sobre las cuentas isleñas, con la presentación del informe que han estado elaborando durante los últimos meses.

Entre los asuntos pendientes por resolver en este entramado se encuentra también la contratación de una auditoria externa de las cuentas municipales y los organismos dependientes del Ayuntamiento, como la Empresa de Sueldo Isleño (Esisa) o el Patronato de Deportes, aprobada dos veces en Pleno.