Corbacho propone ampliar hasta junio la ayuda de 420 euros a los parados

El Gobierno ofrece a los sindicatos la ampliación hasta el 1 de junio de la ayuda de 420 euros para los parados que han agotado la prestación de desempleo. Las centrales se mostraron decepcionadas por la propuesta, que les fue presentada anoche durante una cena, por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

Desde el Gobierno se siguen defendiendo las escasas posibilidades presupuestarias de un ejercicio en el que el déficit se podría disparar hasta cerca de un 10% del Producto Interior Bruto (PIB). De esta manera, Trabajo mantiene que retroactividad de la ayuda es limitada, porque aplicarla antes del 1 de agosto supone incrementar el coste en 100 millones de euros por cada mes. A partir de este momento, el Ejecutivo buscará el consenso de los grupos parlamentarios, y se compromete con los sindicatos a seguir hablando antes de proceder a la ratificación del Decreto Ley.

Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) mantienen sus posturas, demandan que la ayuda sea un «derecho subjetivo», y defienden que la retroactividad tendría que extenderse al uno de enero de 2009. También piden que se alargue el tiempo de aplicación, de los seis meses que establece el Decreto Ley, hasta un año. Demandan, finalmente, que se mantenga la prestación mientras continúe la crisis, y si el Gobierno vincula su prolongación a una tasa de paro superior al superior al 17%, las centrales rebajan esa proporción de desempleados al 12% de la población activa.

Estas han sido las posiciones sindicales desde que se aprobó la ayuda el mes pasado en Consejo de Ministros, y aunque sigan defendiéndolas, son conscientes de que alcanzar un acuerdo es muy difícil. «Es complicado ser optimista», afirmaron antes del encuentro, porque «hay que establecer unos parámetros, y no se puede contar con recursos que no existen». Además, el titular de Empleo ya había adelantado que el único aspecto discutible del decreto era adelantar la fecha de inicio de la medida, pero no el resto de los términos que los sindicatos demandan.

Desde el Gobierno siguen recalcando que la nueva renta es costosa. El ministro incluso ha recordado que tras los seis meses de aplicación, serán las comunidades autónomas las que tendrán que tomar el relevo, a través de las rentas mínimas de inserción que ya abonan. Prueba de que los fondos no alcanzan es que el presupuesto asignado para la nueva ayuda -642 millones de euros- no cubre a la totalidad de los beneficiarios potenciales durante un periodo de seis meses, sino que se ha calculado desde la previsión de que los parados encuentren trabajo en un plazode cuatro meses.