Pago sin consenso

La decisión del Consejo de Ministros de dar luz verde a la TDT de pago zanja por la vía del Real Decreto Ley una iniciativa que ha estado rodeada de intensa polémica y considerables imprecisiones legales. La autorización para que todos los operadores estatales puedan explotar uno de sus canales para la modalidad de pago no ha contado con el aval del Consejo de Estado que en su informe, no vinculante, además de desaconsejar el procedimiento urgente del Decreto Ley detectaba carencia de fundamentos legales, vulneración de la legislación de contratos con la administración y modificaciones esenciales en las condiciones por las que se adjudicaron las licencias a determinados operadores, entre ellos La Sexta. Precisamente, la sombra del favoritismo en la pugna que éste operador ha mantenido durante los últimos meses con Sogecable, titular de la plataforma digital de pago (Digital +), ha planeado sobre la controvertida decisión gubernativa. Aunque el cambio de última hora adoptando la fórmula del Real Decreto Ley obliga a la ratificación parlamentaria y esquivará una de las objeciones del Consejo de Estado, las razones esgrimidas por el Gobierno para acelerar la implantación de la TDT de pago no parecen suficientemente consistentes como para compensar la irritación de la mayoría del sector y las asociaciones de consumidores y eventuales recursos judiciales por alteración de los principios de concurrencia y publicidad. Pero ponderar como fundamento altamente positivo de la decisión el previsible efecto dinamizador de la producción y compra de nuevos descodificadores podría ser aceptable si no fuera porque con la circunstancia de la cuenta atrás de apagón analógico, se ha apremiado a millones de consumidores a adquirir descodificadores digitales que ahora serán inservibles para acceder a los contenidos de pago.