Opinion

Autónomos en declive

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L a desaparición de cerca de 30.000 comercios minoristas en el último año atrapados en el colapso del consumo y del crédito derivados de la profunda crisis que ha ido contagiando en su propagación a prácticamente todos los sectores, refleja el declive de un segmento del mercado laboral que durante los últimos años se convirtió en el polo de atracción de muchos trabajadores que buscaron en el autoempleo una seguridad que no encontraban en el trabajo por cuenta ajena. Las organizaciones de autónomos detectan la vertiginosa destrucción de pequeños negocios, muchos de ellos promovidos por la externalización de servicios de empresas mayores que ahora se encuentran atrapados por la drástica recesión que está rompiendo la cuerda por el lugar más débil; pero también por las inasequibles condiciones para poder acceder al crédito. Miles de autónomos afrontaron hace años el riesgo de realizar inversiones en activos como vehículos de transporte o costoso equipamiento, e incluso dieron de alta a familiares o a otros empleados para reforzar el negocio en la esperanza de que el crecimiento no perdiera impulso y que el gobierno cumpliera las promesas de implementar una legislación regulando el estatuto de autónomo. El declive del sector, que en julio volvió a ofrecer síntomas de debilidad al perder 1.265 activos, ha sobrevenido, sin embargo, sin que los necesarios cambios estructurales para el Comercio Familiar y el Trabajo Autónomo se hubieran formalizado. Pero el Gobierno no puede aceptar que el tejido laboral continúe desangrándose con el cierre imparable de comercios y empresas que sustentan un parte nuclear del armazón comercial. Y, en tanto se sopesa la viabilidad de poner en marcha el Plan Especial de Urgencia suscitado por las organizaciones de autónomos, sería útil abordar el principal problema del acceso al crédito constituyéndose el Estado en avalista de los negocios más viables además de reducir y/o aplazar el pago del IVA de bienes y servicios. El objetivo debería ser el mantenimiento de las actividades actuales e impedir que se continúe desmantelando el tejido comercial y laboral que soporta una parte trascendental de la estructura social y familiar del país.