depósitos judiciales

En los depósitos judiciales lo mismo caben hidropedales que tablas de windsurf, embarcaciones de juguete, flotadores, turismos convencionales o chatarra dada de baja, impresionantes porsches y chasis de motos que sirven como pruebas de convicción en los procesos y que no se pueden destruir salvo orden judicial. El problema estriba en que los empresarios privados que titulan dichas instalaciones no cobran desde 1997, acumulando una deuda de vértigo que la consejería de Justicia de la Junta de Andalucía lleva sin asumir desde que se produjo el trasvase de competencias del Gobierno central.

En ese lapso de tiempo, diversos depósitos han tenido que ir cerrando sus puertas en Cádiz, Barbate, Conil o Jerez. Pues bien, a partir de ayer sábado, han decidido parar temporalmente sus actividades los cuatro que operan en el Campo de Gibraltar, con cargo a las firmas Villalobos Asistencia, Grúas Arquería, Grúas Ayudauto y Grúas Prieto. La consejería de Justicia ya ha sido informada de esta parada, al tiempo que dicha circunstancia se ha puesto en conocimiento de jueces y fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Otros depósitos andaluces han protagonizado paradas similares: ha ocurrido en Sevilla, por ejemplo, pero con una incidencia ínfima si se compara con las cifras de los depósitos campogibraltareños. Habrá que ver qué ocurre este mes especialmente intenso en las aprehensiones de vehículos y embarcaciones diversas en aguas del Estrecho: 120 a la semana, calculan que podrían contabilizarse, sin más techo para guardarlos que las propias calles, el cabotaje del puerto, las instalaciones de la Policía y de la Guardia Civil, o las mismas playas en donde se proceda a la detención de delincuentes. ¿Quién y cómo sacará del mar dichas naves cuando suelen hacerlo los depositarios que además cuentan con los medios técnicos necesarios para ello?

En 1997, cuando la Junta de Andalucía asumió las competencias del Gobierno central en materia de Justicia, en los depósitos había mil bienes de diversa índole -automóviles, embarcaciones, pero también paramotores, bicis, vallas o carrillos de mano--. Entonces, tan sólo el diez por ciento de las operaciones de los depósitos tenían que ver con el pago por parte del aparato de la Justicia. El 90 por ciento restante eran salidas que pagaban los propios titulares de los vehículos, a quienes se cobraba la permanencia de los mismos en el interior del recinto. Diez años después, la cifra había pasado a 6.000 y las tornas se habían invertido: aquello era el camarote de los hermanos Marx e incluso podía suponer un riesgo para la salud. Fue entonces cuando el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorenzo del Río, procedió a incoar un expediente gubernativo para destruir buena parte de aquellos trastos, hasta reducir su actual cifra a 1.500. Los gastos de depósito relativos a los otros 4.500 que pasaron a mejor vida tendrían que ser pagados ya por la Junta y aún no ha habido forma de pasarlos al cobro. Con esa decisión, Del Río logró frenar la deuda de años que acumulaba la administración, ahorrando miles de euros diarios a la Consejería. Al sustituir por un depósito virtual el depósito físico de los bienes que pudieran ser considerados como chatarra, todos los objetos destruidos han sido identificados con detalle y ampliamente fotografiados, para que puedan seguir siendo útiles ante cualquier pesquisa.

Los responsables de los depósitos están dispuestos a negociar un aplazamiento del pago, siempre que se resuelvan otras asignaturas pendientes: por ejemplo, un concurso de adjudicación del servicio prometido hace años y que regularizaría definitivamente el sector por más que ya cuenten con un documento que les acredita como depositarios judiciales.

Tras varias reuniones a lo largo de una década, en diciembre de 2007, cuando Blanca Alcántara ocupaba la delegación provincial de Justicia se comprometió a que dicho departamento abonaría «el gasto producido por los vehículos sujetos a la realización anticipada de efectos», que es como en la jerga legal se denomina a dichos vehículos, naves y otros bienes objeto de depósito. El compromiso debía hacerse firme durante la actual legislatura, empezando por fijar un calendario de actuaciones. En junio del pasado año, las empresas afectadas se entrevistaron con José Antonio Mateos, director de Infraestructuras de la consejería de Justicia que les pidió lo de siempre: tiempo para aterrizar en el caso.

Les citará en octubre pero les termina aplazando el encuentro hasta enero de este año, so pretexto de negociar con Hacienda y tratar el tema con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En un nuevo encuentro y poco antes de que lo destituyan tras el cambio de titular de la consejería, garantizó que habría un balón de oxígeno para los depósitos de Málaga y Cádiz: los primeros han cobrado algo y los segundos siguen a la espera. Así que se pusieron al habla con el nuevo viceconsejero, José Antonio Ortíz Mallol, que les vuelve a pedir tiempo.

El pasado día 24, tendrían que haberse reunido otra vez, pero les han cancelado la entrevista. Y como las ventanillas públicas parecen cerrar en agosto, ellos también han decidido dar con las puertas de sus negocios en las narices de la burocracia. A ver quién es el próximo en mover ficha.