Oficina donde se tramitan las peticiones de los propietarios. / F. JIMÉNEZ
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El 60% de las viviendas ilegales de El Palmar se pondrá en regla a cambio de terrenos

El Ayuntamiento ya ha aprobado las ordenanzas para iniciar el proceso y baraja costes de unos 120 euros por metro cuadrado

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No va a ser fácil, pero ya se están poniendo los cimientos para la primera ordenación urbanística de El Palmar, donde hay en torno a un millar de casa levantadas sin licencia. El Ayuntamiento de Vejer busca fórmulas para sacar adelante la regularización a la que pocos propietarios podrán hacer frente dados los elevados costes.

La Oficina de Planeamiento Urbanístico, que comenzó a prestar servicio hace un año, ha atendido ya a unos 500 interesados, lo que supera la previsión del primer plan de ordenación, el PERI, aprobado en 2007. El concejal de Urbanismo de Vejer, Antonio Muñoz, resalta la «gran labor que se está llevando a cabo desde estas instalaciones en las que se trabaja de forma subsidiaria con la Junta». Ya se ha terminado la identificación pormenorizada de cada una de las parcelas que será tenida en cuenta a la hora de afrontar el largo trámite administrativo.

Los principales avances en este año han sido la redacción de las ordenanzas municipales, que fueron aprobadas en el último Pleno y la salida a concurso público del proyecto de urbanización. «Aunque no sea palpable, este avance ha sido muy importante, porque no contar con un marco legal suponía un atasco para el proceso», apunta el edil.

Posibilidades

Entre tanto, los responsables estudian fórmulas para abaratar los costes y que el precio no suponga un escollo para poner al día estas urbanizaciones. El primer paso es llegar a un acuerdo con las empresas de suministros para ver las actuaciones que serán necesarias, en relación a obras hidráulicas, transformadores eléctricos o sistema de alcantarillado. De estas negociaciones dependerá el precio que tendrán que pagar los propietarios. Las primeras estimaciones del Ayuntamiento rondan los 120 euros por metro cuadrado, pero aún hay que concreta la cifra.

Una de las modalidades de pago más efectiva es la cesión de terrenos para equipamiento público. Hechos los primeros cálculos, casi el 60% de los propietarios podrán cubrir los costes con la aportación de suelo. A pesar de la voluntad por desatascar el proceso, el precio se dispara con las últimas revisiones catastrales, que han incrementado el valor, aunque estas zonas aún no cuenten con servicios de abastecimiento básicos.

Ordenación

No obstante, la mayoría de las instalaciones ilegales podrán conseguir una licencia. Las ordenanzas establecen que todas las viviendas construidas de forma posterior a la aprobación del PERI tendrán que ser derruidas, así como aquellas que se encuentren sobre el viario o zonas de uso público. El Consistorio no tiene constancia de que ninguna de las construcciones ilegales tengan que tirarse abajo. «Vamos a intentar salvar todo lo salvable porque hay un compromiso con aquellos que estaban contemplados en los planes de ordenación, pero lo que se quede fuera tendrá que ser demolido», aseveró Muñoz.

Solución intermedia

Está prevista también la construcción de una depuradora que tendrá conexión con los colectores y la red de alcantarillado. Esta instalación es fundamental para la construcción de servicios básicos, pero no estará lista hasta 2012. Mientras tanto, se estudia un camino intermedio que permitirá a los vecinos tener una licencia para sus viviendas con instalaciones provisionales de fosas sépticas en condiciones ecológicas. «Podremos tener casas legales en 2010 sin que se haya construido la depuradora», insistió el edil de Urbanismo.

El proceso completo puede durar unos tres años si hay colaboración por parte de los dueños. El concejal se mostró convencido de que si se consigue que el 25% de los propietarios regularice sus viviendas el resto se unirá al proyecto.

emartos@lavozdigital.es