¿Un derecho o una obligación?

Por si a alguien le quedaba alguna duda de las enormes dificultades que tendrá la urbanización y legalización de más de 18 millones de metros cuadrados de suelo en el extrarradio de Chiclana, ayer los políticos y un nutrido número de propietarios (en torno a 200), despejaron cualquier atisbo; la regularización será larga, compleja y muy dura.

El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado de varios de los concejales de su Gobierno, acudió ayer a un acto informativo organizado por la Federación Chiclana Norte sobre la aprobación de las Ordenanzas de Regularización que el ejecutivo tiene previsto llevar a Pleno el próximo jueves. La cita era a las 12 del mediodía en la Venta La Garza, ubicada precisamente en una zona a legalizar en los próximos años; su salón de actos estuvo a rebosar de público, entre los que también se encontraban concejales de la oposición del PP y el ex-teniente de Alcalde de Urbanismo chiclanero, José Pedro Butrón.

Lo que allí sucedió en las dos horas y media posteriores fue esclarecedor. La mayor parte de vecinos y propietarios de casas ilegales consideran «injusto» tener que pagar ahora una cuantía económica para poder contar con servicios. Incluso hay quien se considera «víctima» de una permisividad excesiva por parte de las administraciones, y una gran mayoría de ellos coincide en que «entre otras, la Junta también debería pagar parte de los costes».

En La Garza se habló ayer (o mejor dicho se discutió, en algunas ocasiones con una falta absoluta de formas y orden), de papeles, servicios, derechos y obligaciones. Butrón y el PP aprovecharon para sacar réditos políticos y dieron su versión de la situación, criticando el oportunismo del PSOE para aprobar unas Ordenanzas «en sólo siete días». Razón no les falta en cuanto a las formas elegidas por Román y los suyos, puesto como recordaron los populares, «éste es un problema que afecta a más de la mitad de la población, que no puede ventilarse en unos días y sin consultar a los vecinos».

Sin embargo, es digna de resaltar el temple del regidor chiclanero, muy contestado ayer por algunos propietarios en sus intervenciones, y que sin embargo explicó en tono pausado y con una claridad meridiana qué ocurrirá si no se aprueban las Ordenanzas. «Ellas serán el marco legal, el abrigo para dar seguridad jurídica y consolidar las viviendas construidas; no quiero tener que firmar ninguna orden de derribo más», explicó Román.

Esta justificación no convenció a los residentes en el diseminado, que criticaron la disparidad de casos y situaciones; entre ellos tomaron la palabra los propietarios que consiguieron licencia de obras hace varios años y levantaron su casa sin servicios, que ahora deberán pagar más de 40.000 euros para ser legales por completo.

Se explica que el proceso caminará siempre «en función a las posibilidades económicas de los propietarios». Esto no convence a miles de familias que no quieren o no pueden afrontar el pago pero que tampoco quieren oír hablar de derribos.