Grupos de vecinos se desmarcan del acuerdo de regularización de viviendas

La división entre los propietarios de viviendas ilegales vuelve a quedar patente, después de que ayer varios colectivos, que de momento son minoritarios pero que pretenden hacer mucho ruido, se posicionasen contra el inicio del proceso de regularización que el Gobierno municipal está a punto de iniciar y contra la aprobación definitiva de las nuevas ordenanzas que plantea el PSOE.

Las asociaciones de vecinos Cuarto Carril y Las Salinetas, así como algunos particulares afectados por la edificación irregular, criticaron ayer en un comunicado «que se diga que estas ordenanzas cuentan con el visto bueno de los vecinos cuando no han contado con nosotros». Estos colectivos lamentan además «la falta de información sobre el proceso, que se quiere ventilar en tres semanas sin dar oportunidad a los vecinos de informarse, debatir y decidir».

Con una dura crítica a los responsables de las cinco federaciones de AAVV oficiales (Rana Verde, Pagumo, Chiclana Vecinal, Chiclana Norte y Ciudad de Chiclana), que han respaldado el documento jurídico que regirá el proceso para urbanizar el extraradio, estos vecinos «independientes» exigen «que no se lleve al Pleno de julio su aprobación, y se espere a que todos los afectados estén informados».

Esta fisura ciudadana era de esperar. Son muchos los intereses cruzados que existen en las nueve Áreas de Gestión Básica que dibuja el actual PGOU para regularizar 18 millones de metros cuadrado de suelo urbano calificado a día de hoy como no consolidado.

Y es que el rifirafe y la falta de consenso político en un proceso que se antoja vital para la transformación de Chiclana ha calado también entre los propietarios.

Mientras el Gobierno municipal se ampara en las «reuniones mantenidas con los colectivos vecinales y la oposición» para impulsar el documento, desde el PP o desde IU (con Butrón de nuevo al frente), se asegura que «el proceso para aprobar las ordenanzas se caracteriza por una falta total de transparencia».

Algunos colectivos van más lejos y ponen en duda incluso «las reuniones mantenidas» entre las partes, expresando también su «extrañeza ante la celeridad de los presidentes de las federaciones en dar el visto bueno a un documento de 300 páginas, al que han dado el sí quiero en menos de 48 horas», apuntan. Mientras, éstos se defienden de las insinuaciones de connivencia con el Consistorio; Rafael Oliver, de Pagumo, recordó ayer a LA VOZ que «nosotros hemos dado el visto bueno a estas ordenanzas porque son mejores que las anteriores», pero matizaba que «aún quedan cosas por mejorar».

Con esta polémica en aumento en la ciudad, la mayoría de propietarios son ajenos a un proceso que está a punto de comenzar y que no tiene vuelta atrás. Entre 33.000 y 55.000 euros tendrán que abonar para acceder a servicios y papeles. Las obras se desarrollarán en distintas fases, dando prioridad al agua, la luz y el alcantarillado, y se podrá posponer el pago de un 40% de esos costes.

Eso sí, todos aquellos dueños de un inmueble sin licencia deberán solicitar su legalización antes de tres años. En el proceso participarán oficialmente 10.633 casas, que son las que Urbanismo reconoce que existen a día de hoy construidas de forma irregular.