La Policía Autonómica vuelve a actuar contra el urbanismo ilegal en Chiclana

Tercera actuación contra el urbanismo ilegal que ha concluido en menos de un semana con varios imputados. Podría parecer que los cuerpos policiales están desmantelando una gran infraestructura delictiva con alargadas conexiones en la Bahía, dadas las continuas detenciones e imputaciones que se están ejecutando. Pero tal y como explican fuentes cercanas a estas pesquisas, las operaciones que se van sucediendo son sólo el reflejo de que el uso de certificados falsos de antigüedad para legalizar inmuebles, valiéndose de resquicios legales, es una práctica muy extendida.

Dos días después de que la Policía Autonómica desvelara la actuación realizada sobre una parcela del extrarradio de Conil, que ha concluido con 10 propietarios imputados por delitos contra la ordenación del territorio; ayer volvía a confirmar el final de otra investigación, en este caso tutelada por el juzgado Mixto nº 1 de Chiclana, que se ha centrado en otro terreno situado en el diseminado chiclanero -Camino Laguna de Boada-, donde a través de certificados y tasaciones falsas se habían levantado tres viviendas.

Siguiendo el mismo modus operandi que anteriores asuntos ya denominados de forma genérica como Obra Nueva, los implicados habían obtenido financiación para ejecutar las obras mediante préstamos hipotecarios que fueron concedidos tomando como avales unas viviendas que ni siquiera estaban edificadas y ubicadas en suelo no urbanizable; requisitos que hacen inviable cualquier operación bancaria regular de estas características.

La Policía Autonómica se ha valido de los estudios ortográficos para constatar que sobre una parcela original donde había una pequeña construcción, ésta había sido dividida en tres terrenos independientes con un chalé en cada uno. Esos inmuebles fueron posteriormente vendidos bajo la apariencia de que eran legales por tratarse de construcciones que datan de 1999, cuando en realidad habían sido edificadas posteriormente. En esa fecha se registra el primer certificado de antigüedad, mediante una ampliación de obra nueva.

Los imputados son un constructor, cuatro promotores y un arquitecto técnico que están en libertad con cargos. Pero lo más grave de este asunto es que si se toma como referencia el criterio de la Audiencia Provincial, que entiende que la falsificación de certificados en manos de profesionales no tiene el mismo reproche penal que si la persona firmante es un funcionario, el delito prescribe a los tres años; lo que dejaría a los ahora implicados sin posibilidad de condena en cuanto a la falsificación. Sin embargo, la Policía también les imputa el delito contra la ordenación del territorio y la estafa que tendrían un tratamiento procesal diferente.

Palli cuestiona el informe

Con esta última actuación, los cuerpos policiales han practicado en los últimos días seis detenciones y ha imputado a otras 18 personas en tres casos independientes.

La prescripción también sobrevuela en el juicio celebrado ayer en la Sala Cuarta de la Audiencia Provincial y que volvió a sentar en el banquillo al arquitecto Joaquín Palli Selga, un profesional que se había especializado en la elaboración de certificados de antigüedad, y que acumula más de una docena de denuncias. Hace escasos días fue detenido otra vez y ya pesa sobre él una condena de un año.

La Sala debe resolver sobre dos certificados que emitió Pallí Selga que acreditaban la existencia de dos viviendas en dos parcelas diferentes de Chiclana. El primero de ellos fue elaborado en 2003, lo que abocaría el delito de falsedad a la prescripción. La defensa del arquitecto cuestionó el informe presentado por la Fiscalía, donde se indica que el profesional falseó datos de una de las parcelas. El fiscal solicitó una suspensión de la vista para presentar otra pericial pero le fue desestimada. Junto al arquitecto, para quien pide la Fiscalía ocho años, están acusadas tres personas, que utilizaron los certificados.

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