Unión a prueba

L a elección del polaco Jerzy Buzek como presidente del Parlamento Europeo emanado de las elecciones del pasado 7 de junio permitió congraciarse por unas horas con el proyecto común que representa la UE, después del preocupante desapego exhibido por sus ciudadanos en la última cita con las urnas. Los problemas que la Unión ha de afrontar de manera perentoria y las fricciones que ha alentado la crisis entre una respuesta verdaderamente concertada y los intereses nacionales no deberían desmerecer el simbolismo que supone ver al frente de la Eurocámara, por primera vez, a un diputado proveniente del antiguo bloque soviético. La definición que el propio Buzek ha hecho de sí mismo como representante de todos aquellos ciudadanos que no se plegaron a los totalitarismos y su defensa del respeto a los derechos humanos como un signo de identidad que la Unión no debe relajar ni hacia dentro, ni en sus relaciones con potencias como China o Rusia, recuerdan cuáles son los valores compartidos que sustentan el proyecto europeo y la importancia de que éste no se descafeíne en lo esencial. Algo que sigue exigiendo un mayor esfuerzo de concienciación hacia lo que significa la pertenencia a la UE, sobre todo cuando son precisamente los ciudadanos de los países del Este, los de más reciente incorporación, los que exhiben una desafección más acusada hacia su nueva casa madre. La UE encara un semestre, presidido por turno por Suecia, decisivo para la aprobación definitiva del Tratado de Lisboa y el avance hacia una nueva arquitectura institucional. El impulso político que requiere este período y la gestión tanto de la crisis como de las bases que puedan acelerar el inicio de la recuperación económica se están viendo lastrados por la sensación de provisionalidad de la Comisión saliente y la dilación del Parlamento a la hora de aprobar la reelección como presidente de la misma del portugués Durao Barroso. Las complicaciones que podría llevar aparejada su designación, dado que requeriría de una mayoría reforzada si se pospone al referéndum irlandés de octubre, constituyen un riesgo añadido a la perjudicial ralentización en sus decisiones que viene sufriendo la Unión. Especialmente cuando las exigencias de una crisis sin precedentes cercanos está subordinando, más allá de las medidas pactadas para combatirla, la narrativa común sobre los problemas ante el repliegue de los Estados miembros sobre sus demandas nacionales.