Financiación

La crisis económica ha evidenciado la fragilidad de la financiación de comunidades autónomas y corporaciones locales, dependientes en gran medida de las transferencias procedentes de la Administración Central del Estado. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aborda un nuevo modelo para las autonomías, mientras que ayuntamientos y diputaciones deberán esperar.

El modelo de financiación autonómica exigía una reforma urgente, porque fue aprobado en 2002 y preveía una revisión a los cinco años, para adaptarlo a los cambios producidos especialmente en la población, que ha aumentado en más de siete millones de habitantes en toda España desde entonces, lo que ha provocado diferencias de hasta el 40% en los recursos per cápita transferidos a las diferentes comunidades, perjudicando a las que más han crecido. El nuevo modelo garantiza la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos esenciales, vivan donde vivan, por lo que la distribución de los recursos se hará proporcionalmente a la población de cada comunidad autónoma, con elementos correctores como la edad y la dispersión, para tener en cuenta que una población envejecida comporta gastos en servicios sanitarios y asistenciales, mientras que los jóvenes exigen más fondos para educación. La dispersión de los usuarios también se ha tenido en cuenta en el nuevo modelo, porque encarece el coste de las infraestructuras y servicios públicos. Nadie pierde recursos con el nuevo modelo de financiación, que suma 11000 millones de euros de fondos adicionales, así como compensaciones por la supresión del impuesto de patrimonio y entregas a cuenta ajustadas a la recaudación real, para evitar desajustes como los actuales, que podrán compensarse en los próximos cuatro años.

Andalucía, que se sitúa por encima de la media con el 18,77% de los fondos distribuidos, recibirá 3133 millones de euros más, que es la suma de los 1795 que le corresponden de los adicionales que aporta el Gobierno al nuevo sistema de financiación, 390 por nuevos ingresos procedentes de los tributos cedidos y 948 que financian las nuevas competencias asumidas: agua y metros.

De acuerdo con los datos de que se disponen, el nuevo modelo supone un avance en la autonomía financiera de las comunidades, un 20% en nuestro caso, que pasa del 33 al 50% en el IRPF, del 35 al 50% en el IVA y del 40 al 58% en los impuestos especiales (alcohol, gasolina y tabaco), con la posibilidad de establecer recargos para aquellos que estén dispuestos a asumir los posibles costes políticos de la decisión. En el debate político se supera de forma notable uno de los mayores retos de la legislatura, tras un gran esfuerzo negociador y en cumplimiento de un compromiso electoral. El PP ha reaccionado desde la lógica del no en la que está instalado y con declaraciones contradictorias de sus portavoces, que exigen más recursos desde las comunidades autónomas en las que gobiernan, y desde la dirección nacional denuncian como despilfarro los fondos adicionales aportados por el gobierno. El objetivo de futuro debe ser seguir avanzando hacia la autosuficiencia financiera de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, en la que ingresos y gastos no dependan de otras administraciones, sino de la voluntad política y la capacidad legal para establecer las cargas impositivas y aprobar los programas de gobierno en el marco de una política presupuestaria propia, aunque coordinada y coherente con la del conjunto de España y de la Unión Europea. Si hemos logrado un buen modelo de financiación autonómica, que contempla incluso un mecanismo de actualización permanente, seguro que podremos alcanzar algo similar para las corporaciones locales en el futuro. Los gobiernos de España y de Andalucía trabajan en ello y tienen la firme voluntad y el compromiso de aprobarlo a través de la negociación y el acuerdo.