El Gobierno emplea más de 11.000 millones para cerrar la financiación

Más de 11.000 millones de euros extra costará el acuerdo de financiación autonómica. Bastante más caro de lo que en su día calculó el ex ministro de Economía, Pedro Solbes, y algo cercano a lo que pretendía el consejero de Economía de Cataluña, Antoni Castells. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, dio ayer por cerrado el modelo que tantos quebraderos de cabeza ha dado al Gobierno y que tanto ha condicionado su estabilidad parlamentaria a lo largo del último año.

El nuevo sistema conlleva un importante cambio de filosofía. Por primera vez en la España autonómica, la solidaridad interterritorial quedará limitada. Las comunidades sólo tendrán que poner a disposición del conjunto el 75% de lo que recauden. Podrán disponer, en cambio, del otro 25%.

Esto, que técnicamente se denomina nivelación parcial, fue siempre uno de los nudos gordianos de la negociación. Salgado se refirió al asunto con toda naturalidad, pero lo cierto es que costó mucho que la idea cuajara, sobre todo, entre los presidentes de las comunidades autónomas menos desarrolladas. Era la Generalitat de José Montilla la que defendía que había que acotar la labor redistribuidora del Estado para no penalizar a las comunidades con mayor capacidad fiscal y económicamente más dinámicas. Proponía nivelar, exclusivamente, los recursos destinados a educación, sanidad y servicios sociales, lo que, según sus cálculos, equivalía al 65%-75% del gasto público.

Una vez admitido el principio, comunidades como Andalucía, Extremadura o Cantabria plantearon que la cifra no bajara del 95%. Hace de eso apenas siete meses. La vicepresidenta segunda dio la cifra final, que es el tope de la horquilla planteada por Cataluña. Es decir, el nuevo sistema de redistribución hará que tres cuartas partes de lo que se recaude en las comunidades autónomas -y no todo, como ocurría con el modelo actual- se meta una «bolsa común», como la llamó Salgado.

Esa bolsa servirá para sufragar los servicios públicos fundamentales (siempre teóricamente, porque en realidad la legislación española impide que estas partidas sean finalistas) y será completada por el Estado de modo que a ella se destinen el 80% del total de los recursos del sistema.

Al margen de ese primer fondo, habrá -como había en el modelo actual- otro: el fondo de suficiencia global. A éste las comunidades no tendrán que aportar ya nada; será el Estado quien lo sufrague. Servirá para garantizar el statu quo, es decir, que nadie queda peor de lo que está y, en algunos casos, para complementar los recursos tributarios propios (o sea, ese 25% que se habrán quedado las autonomías) si es que al sumarlos con lo que se recibe del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales no basta para cubrir todas las competencias transferidas.

Hay que tener en cuenta que aumentará la cesta autonómica de impuestos. Del 33% del IRPF pasarán a contar con el 50%; también el 50% del IVA, desde el 35% actual, y el 58% de los impuestos especiales (ahora es el 40%).

Sin esfuerzo fiscal

El modelo que Salgado someterá al Consejo de Política Fiscal y Financiera este miércoles tiene una tercera pata. Una de las principales quejas de Cataluña, pero también de Baleares y, aunque no hicieran ostentación de ello, de Madrid o la Comunidad Valenciana era que el modelo aprobado en 2001 producía enormes diferencias en financiación per cápita. Lo cierto es que, aunque logró cierta convergencia, aún existía un desfase que Salgado cifró ayer en casi 40 puntos. Con la última liquidación, correspondiente a 2007, Extremadura recibió unos 1.100 euros más por habitante que Baleares. Tampoco es que el nuevo sistema vaya a suponer un salto cualitativo en este terreno. La vicepresidenta dijo que, cuando se consolide, las diferencias serán inferiores a 30 puntos.

La mejora se logrará con otros dos fondos de compensación, también financiados sólo por el Estado: el de competitividad, para las ricas, y el de cooperación, para las pobres. El primero venía definido en la propuesta presentada en diciembre por Solbes como un instrumento que tendría en cuenta el «esfuerzo fiscal» de las comunidades autónomas, para no desincentivarlas.

El término indignaba a aquellos que, como el extremeño Guillermo Fernández Vara o el andaluz José Antonio Griñán, siempre han defendido que son las personas y no los territorios quienes pagan impuestos. Finalmente, ha desaparecido de la propuesta. Cuestión de forma, porque el fondo funcionará igual.

Las más favorecidas

Lo que sigue siendo un misterio son los criterios de reparto. El fundamental es la población, que se actualizará cada año. Pero la unidad de gasto se ajustará conforme al porcentaje de población sanitaria protegida, menores en edad escolar, mayores de 65 años, superficie, dispersión o insularidad. Cómo ponderará cada uno está por desvelar. Y, del mismo modo, están por ver los resultados que arroja el modelo, quién queda por encima y quién por debajo de la media.

Evidente es que Cataluña estará por encima. Fue lo único que dijo Salgado, y sólo a regañadientes, porque «fue una manifestación del presidente del Gobierno», no porque quisiera dar el dato. La vicepresidenta evitó también concretar qué se lleva cada cual de los 11.000 millones adicionales de euros (a repartir de forma gradual en cuatro años) para evitar que el patio se le agite antes del encuentro del miércoles. Pero si hay que hacer caso a los implicados, entre Cataluña y Andalucía ya se llevarán, ellos solos, más de la mitad. Cada comunidad debe hacer sus propias proyecciones.