
El arquitecto municipal de El Puerto avisó en 2005 de que había casos de 'Obra Nueva'
Rompe su silencio para señalar que el Ayuntamiento no hizo nada en año y medio
| CÁDIZ Actualizado: GuardarSe siente una persona atacada y ha decidido romper su silencio, por primera vez, desde que empezaran a conocerse las primeras denuncias formuladas por casos de Obra Nueva detectados en el término municipal de El Puerto. Se trata del jefe de Licencias y Disciplina Urbanística del Ayuntamiento portuense, Fernando Jiménez Fornell, quien tampoco se ha librado de este chorreo de denuncias impulsadas por el actual Gobierno local, ya que está imputado por la edificación de una vivienda ilegal en suelo no urbanizable, situada en el camino viejo de Rota.
A través de su equipo de abogados, Jiménez Fornell hizo llegar a este medio sus primeras manifestaciones sobre los más de 150 casos irregulares elevados por el equipo de Gobierno a la Fiscalía de Medio Ambiente, que desde principios de 2008 lleva transformando ese material en denuncias formales que ha ido remitiendo a los juzgados portuenses.
Y pese a que aparece imputado en uno de los procedimientos, el arquitecto municipal asegura que dio la voz de alarma sobre la existencia de certificados falsos de antigüedad en octubre de 2005, pero que no se hizo nada hasta el año 2007; por lo que viene a confirmar algo que ya había constatado el fiscal Ángel Núñez: la inoperancia de los ayuntamientos ha sido clave para los desmanes urbanísticos más visibles en la provincia. «La elaboración de certificados falsos para sustentar las declaraciones de obra nueva la puse en conocimiento del órgano municipal designado para tal efecto, concretamente a la Comisión de Investigación de las Edificaciones Ilegales, en octubre de 2005».
La citada comisión, explica Jiménez Fornell, fue creada durante la anterior Corporación -gobernada por Independientes Portuenses- y conformada por representantes de los grupos municipales, presidida por el actual coordinador del área de Urbanismo, José Antonio Galán Rosado, y actuaba como secretario quien ejerce como tal en el Consistorio, Fernando Jiménez Romero.
Un primer aviso
En el informe que emitió hace más de tres años el arquitecto municipal indicaba que: «Obviamente, el interesado opta por la posibilidad del certificado técnico, que siempre va a tener un carácter estimativo y que no debería poseer el mismo rango de los certificados de la administración o actas notariales. Por esta puerta falsa se producen declaraciones de obra nueva que, a la vista de la experiencia (comparaciones entre ortofotos), se apoyan en certificados falsos».
Pero no fue hasta marzo de 2007 cuando la comisión creada para atajar las construcciones ilegales no se pronunciaba a favor de la denuncia judicial. En una de sus recomendaciones (la número 21) indicaban lo que debía hacerse ante una práctica que ya se había extendido entre particulares que querían construir su casa aunque la calificación de la parcela se lo impidiera: «Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal y del correspondiente Colegio Profesional los hechos, cuando se detecte algún caso flagrante de falsedad en la emisión de certificados de antigüedad de obra nueva».
Estas manifestaciones de Jiménes Fornell ponen en evidencia que en el corazón de la gestión urbanística de El Puerto conocían desde hace más de cuatro años qué fórmula estaban empleando algunos para regularizar sus inmuebles, pero no fue hasta finales de 2007 y después de que cambiara el color político del Ejecutivo local, ahora en manos del PP, cuando se enviaron al fiscal los primeros casos.
Pero las revelaciones de Jiménez Fornell aportan un dato más. Él, como arquitecto municipal, informó en 2005 a una comisión integrada por representantes de los partidos con presencia en la Corporación Municipal. Es decir, que siguiendo el hilo de las palabras del funcionario, los grupos locales de IU, PP, PSOE y, por supuesto, Independientes Portuenses que gobernaban con mayoría, estaban también al tanto. Sin embargo, las primeras denuncias se elevaron a finales de 2007, meses después de que la Guardia Civil destapara la primera gran operación contra este tipo de prácticas en un municipio muy cercano: Chiclana.
stubio@lavozdigital.es