Gobierno más coordinado

L a gestión de los asuntos públicos ha alcanzado tal complejidad, y las respuestas institucionales que el mundo actual requiere han de darse con tanta celeridad, que obliga a pensar sobre si el sistema de partidos en que se fundamenta la actividad política y la propia organización de las administraciones están realmente preparados para el eficaz desempeño de las funciones que les corresponden. Las contradicciones, dificultades y dilaciones que refleja la acción de gobierno del Ejecutivo son el ejemplo más palpable del problema apuntado, agravado en este caso por la peculiar manera de decidir del Presidente. El mantenimiento del director del CSI frente a las evidencias de una preocupante crisis interna; la salomónica resolución sobre el futuro de la central nuclear de Garoña, de manera que ni contenta a nadie ni resuelve realmente ninguno de los problemas suscitados en torno a la misma; la enésima fijación de una fecha límite para el cambio del sistema de financiación autonómica, después de tres años de divagar sobre la cuestión; la apuesta por el diálogo social sin que el Gobierno sepa exactamente cuál ha de ser su propuesta o su actuación final en caso de desacuerdo entre patronal y sindicatos; o la excesiva improvisación y actuación parcelada en la tardía respuesta a una crisis que no se quiso reconocer componen un cuadro general en el que no es fácil distinguir hasta dónde llegan las dificultades y dónde empieza la incompetencia.

Sería injusto suponer que tales carencias son propias del socialismo gobernante, porque posiblemente estos u otros déficits se manifestarían también en el caso de que estuviera el PP al mando del Ejecutivo, como son fáciles de detectar en la actuación del resto de las administraciones. Pero son ya demasiado cotidianas las evidencias de que el Gobierno de Zapatero flaquea en cuanto a coordinación interna, con un presidencialismo que las distintas carteras perciben providencial, y con un partido que acaba siendo un colectivo demasiado dependiente de la Moncloa e incapaz de generar alternativas con prontitud. Evidencias que interpelan al presidente y a cada uno de sus ministros para dotar al Gobierno de mecanismos de decisión acordes con las exigencias de 2009.