Democracia de mínimos

La grave crisis desatada en Honduras con el golpe de Estado urdido como respuesta a los afanes plebiscitarios del depuesto presidente Manuel Zelaya se está convirtiendo en un caso inédito para ejemplificar qué es y qué no es democrático. La persona que ha sustituido a Zelaya de la mano de los militares, Roberto Micheletti, inició desde el primer momento una carrera contra el reloj para institucionalizar el golpe internamente, antes de que la presión de la comunidad internacional le obligase a aceptar el regreso al país del presidente depuesto. La salida de la Organización de Estados Americanos, anunciada por Micheletti en protesta por el apoyo prestado por dicho organismo interamericano a Zelaya representa un intento por desvincularse de cualquier decisión que se adopte en el mismo y, por extensión, en cualquier otra instancia internacional. La estrategia que sigue Micheletti se hizo ayer especialmente patente cuando los once obispos católicos que integran la Conferencia Episcopal Hondureña emitieron un auténtico dictamen legitimando al presidente de facto frente al presidente depuesto. Es indudable que el mandato de Zelaya estaba derivando hacia pretensiones plebiscitarias que se alejan, como ocurre en otros países de América Latina, de una democracia representativa basada en el equilibrio entre los tres poderes de todo Estado constitucional.

Pero aunque Zelaya hubiese rebasado los límites de la legalidad al convocar un referéndum declarado ilícito por la corte suprema de Honduras y por el parlamento de aquel país, ello en ningún caso justifica la intervención de las Fuerzas Armadas para obligarle a abandonar el país y para apoyar la llegada de Micheletti a la presidencia. EEUU y la UE se ven obligados a buscar una salida pragmática a la crisis, dicha salida deberá basarse como mínimo, si no en el regreso de Zelaya a la presidencia, sí en la retirada de las fuerzas armadas de escena y en la renuncia de Micheletti a postularse como candidato en una ineludible convocatoria electoral.