Aumenta el número de menores que acuden a las clínicas abortivas

La reforma de la Ley del Aborto ha crispado el debate y ha motivado la protesta en la calle de las asociaciones pro vida. La duda que se plantea ahora es si la norma aún vigente ofrece garantías a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo de forma voluntaria y a los profesionales que las asisten. El número de abortos ha crecido de forma progresiva en los últimos diez años en toda Andalucía, donde en 2007 se registraron 20.358 casos, algo más del doble que en 1999, según los datos que ha publicado recientemente la Consejería de Salud.

La situación no ha sido diferente en la provincia, donde 1.766 pacientes interrumpieron la gestación en ese año. En torno al 16% de ellas eran menores de edad, una tasa que no ha dejado de crecer según apuntan las propias clínicas abortivas. Así lo confirma el doctor Santiago Jordán, responsable médico del centro El Sur en Cádiz, que tiene concierto con el SAS.

La mayoría de las usuarias que atienden en estas instalaciones tiene entre 18 y 30 años, pero «hemos notado que cada vez vienen más menores». El número no es alarmante y el ginecólogo calcula que el porcentaje se encuentra entre el 7% y el 9% del total, pero sí da indicios de una nueva tendencia. «Las más jóvenes suelen venir acompañadas de sus padres, no podemos atenderlas si el tutor legal no da el consentimiento, pero a pesar de las exigencias legales o del cambio de la nueva ley, siempre aconsejamos que vengan con alguien», explica.

La estadística de Salud refuerza la afirmación del doctor Jordán con un incremento de abortos en adolescentes de más del 40% en los últimos diez años. En total fueron 1.782 las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo en 1999, frente a las 3.281 de 2007. No obstante, el mayor número de intervenciones se concentra en el rango de edad de 20 a 24 años.

La Clínica El Sur cuenta con un gabinete psicológico en el que se realizan los dictámenes y se asesora a las pacientes. «Las menores de edad que atendemos en el centro están entre los 15 y los 17 años, pero también hemos tenido casos de niñas de trece, aunque son los menos», recalca el doctor Jordán, que atiende a la mayor parte de las usuarias derivadas de los centros de salud y hospitales públicos de los distritos Bahía-La Janda, Jerez-Costa Noroeste y La Sierra.

La sanidad privada absorbe el 98% de los abortos que se realizan en la provincia. Los centros del SAS apenas atienden a un 2% de las pacientes y se trata de casos de urgencia urgencia cuando peligra la salud de la madre. De hecho, el gasto de la Junta en este tipo de conciertos se acercó a los siete millones en 2008 en toda Andalucía.

Ninguno de los centros públicos de la provincia realiza abortos porque los profesionales se han acogida a la cláusula de objeción de conciencia. El jefe de servicio del Clínico de Puerto Real, Rafael Comino, considera que «la nueva ley no va a cambiar esta situación, porque hoy el aborto es libre, aunque se hayan establecido tres supuestos legales». Según cuenta, durante los veinte años que lleva en el centro «no ha habido ningún facultativo que haya querido hacer abortos».

En la provincia hay cinco centros autorizados para practicar este tipo de intervenciones. La otra clínica concertada por el SAS es Campo de Gibraltar, que se encuentra en San Roque. Su director médico, Pedro Peña, asegura que la edad de las pacientes no ha variado, pero sí se ha producido un aumento de la atención a mujeres inmigrantes. «Suelen ser de la Europa del este y del Magreb, fundamentalmente», añade. La mayoría acuden «cuando tienen la primera falta y se aseguran que están embarazadas», insiste. Durante ese tiempo transcurren entre siete y diez semanas de la concepción, por lo que se realizan tratamientos «más sencillos que no revisten demasiadas molestias».

Eduardo Pérez Luján, responsable de la Clínica Poliplanning de El Puerto relata la misma situación. Este centro mantuvo hace unos algunos años concierto con el SAS, pero ahora es totalmente privado. Según el especialista, «cuando las pacientes vienen derivadas de la sanidad pública se aprecia un descenso de la edad, en nuestro caso son mujeres con mayor poder adquisitivo porque tienen que hacer frente al gasto».

Estas tarifas medias oscilan entre los 400 euros de las intervenciones más sencillas -con menos de diez semanas- hasta los 3.000 que cuestan las de mayor riesgo -a las 22 semanas de gestación-. Cuando la paciente viene derivada de algún centro público, bien hospital o centro de salud, se le realiza un examen médico en la clínica privada para verificar el tiempo de gestación. El trámite de los gastos de hospitalización y de tratamiento es remitido al sistema público.

El texto que ha aprobado el Consejo de Ministros reconoce a las menores el derecho para decidir sin el consensimiento de los padres. De la misma, limita a 14 semanas el tiempo máximo y hasta las 22 semanas decidirán dos especialistas sobre si es oportuno realizar la cirugía.

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