Los diseminados pierden la paciencia

El problema de las viviendas ilegales ha vuelto a la primera plana de la actualidad local tras la celebración de la tercera y última reunión de la mesa sectorial del PGOU y del Pleno de Debate del Estado de la Ciudad. El equipo de Gobierno insiste en que la única vía para regularizar los conocidos como Desarrollos sin Planeamientos (DSP) pasa por el PGOU y recuerda que en junio, cuando salga adelante la segunda aprobación provisional del Plan General se firmarán convenios para urbanizar los distintos núcleos. Las personas con viviendas en zonas que no puedan ser urbanizadas serán compensados con nuevas casas. Esta opción no convence a las dos asociaciones de propietarios, Fevema y Coave, que esta semana han dando muestras de estar perdiendo la paciencia.

Durante los últimos días, Fevema ha estado repartiendo panfletos y carteles con fotos de el alcalde, Enrique Moresco, la delegada de Urbanismo, Patricia Ybarra, y los socios de gobierno del PP (el andalucista Antonio Jesús Ruiz y el edil no adscrito Fernando Gago) en los que se les acusa de incumplir sus promesas electorales. Su vicepresidente, Javier de Paula, consideran que todos ellos «han perdido la sensibilidad» expresada antes de los comicios, cuando, según el portavoz de Coave, Antonio Castro, «se comprometieron a urbanizar las viviendas en seis meses con modificaciones al PGOU anterior». De Paula explica que el pasado 19 de marzo le solicitó una reunión a Ybarra que aún no ha encontrado respuesta. De Paula lamenta que se haya cerrado la oficina que el Ayuntamiento tenía con los DSP, «una vía de diálogo fluida» según sus propias palabras. Tanto él como Castro se sienten «defraudados» por las mesas sectoriales del PGOU en las que han aportado sus ideas debido a que «no son decisivas ni aclaratorias». También coinciden en tildar de «decepcionante» el Debate del Estado de la Ciudad, en el que «apenas tocaron uno de los problemas más importantes de El Puerto».

Principal preocupación

Para ambos colectivos, la principal preocupación son las multas coercitivas que continúan llegando desde el Consistorio que, a juicio de Castro, «están llevando a la desesperación y a la ruina a muchas familias». Su versión apunta a que el PP afirmó que las paralizarían, si bien desde el equipo de Gobierno responden que «eliminarlas sería prevaricar» y añaden que «se ha llegado a un acuerdo para el fraccionamiento del pago».

De Paula no quiere que su colectivo sea percibido como «radical», por lo que no emprenderán movilizaciones hasta junio. Lo que sí advirtió fue que, «tras observar las deficiencias que sufre la ciudad», Fevema «se implicará protestando por otras cuestiones que afectan al municipio».

Coave podría responder incluso antes. Castro ha confirmado a este periódico que en breve se celebrará una asamblea en la que analizarán la situación y si se toman medidas al respecto.

IP y PSOE apoyan estas reivindicaciones y sostienen que con el PGOU anterior la regularización hubiera sido más rápida. El Gobierno esgrime que la Junta rechazó la aprobación provisional y que la única alternativa era encargar un nuevo documento.