La OCDE se suma a los organismos que proponen reducir las trabas al despido

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), compuesta por 30 países entre los que figuran los siete más ricos del mundo y cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales, sumó ayer su voz a las que abogan por 'flexibilizar' el mercado laboral contra la crisis.

Tras asegurar que «nadie como la OCDE defiende a los trabajadores», el secretario general de este organismo, el mexicano Ángel Gurría, abogó por «eliminar todos los sesgos» que «atentan» contra la creación de puestos de trabajo. Entre ellos, destacó que para un empresario es «caro» emplear a un trabajador, pero deshacerse de él le resulta «carísimo» y eso desincentiva la contratación.

La OCDE respaldó así a los organismos y líderes que en esta recesión han situado el abaratamiento del despido entre sus propuestas para reactivar la economía. El Fondo Monetario Internacional, la patronal, el gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la Comisión Europea y el ex presidente José María Aznar son algunas de esas voces que reclaman reformas que faciliten a las empresas el deshacerse de los empleados.

Exigencias que José Luis Rodríguez Zapatero ha rechazado en redondo porque no quiere que le acusen de amparar recortes de derechos y porque sabe que los sindicatos contestarían con una huelga general cualquier medida en esa dirección.

En el Fórum Europa, el líder de la OCDE defendió la reforma del mercado laboral para dotarlo de más «flexibilidad». Gurría aseguró que cuando utiliza el término flexibilizar en sus conversaciones con sindicatos, sus interlocutores sienten «un frío horrible» porque creen que la pretensión es despedir. «Y en el fondo tienen razón, pero también implica mejorar la contratación», subrayó.

Gurría razonó, en ese sentido, que cuando una legislación «excesiva» protege al empleado -sobre todo en mercados como el español, que crean paro con una intensidad nunca vista- el resultado de esa regulación «va en contra del trabajo que queremos proteger».

«Si es caro crear un empleo, pero carísimo deshacerse de un trabajador, habrá una tendencia natural a poner más máquinas en lugar de más gente», señaló. El secretario general de la OCDE afirmó estar de acuerdo con el discurso que en torno a esta cuestión realizó el gobernador del Banco de España, y que recibió una respuesta airada del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y de las centrales sindicales.

Entre sus propuestas para lograr un mercado más flexible, Gurría citó una rebaja de los sueldos para los jóvenes, que anime a los empresarios a incorporarlos a sus plantillas. Considera que no es viable un mercado laboral como el actual, que diferencia entre los trabajadores que están dentro y tratan de «proteger el cerco y que nadie más entre» y aquellos que están fuera «y quieren entrar».

'Brotes verdes'

Gurría situó también a la OCDE entre los organismos que aprecian ya tímidas mejoras en la economía, los famosos «brotes verdes» dados a conocer por el director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, y a los que se aferró la vicepresidenta económica, Elena Salgado, el pasado 6 de mayo, tras el Consejo de Ministros monográfico convocado por Rodríguez Zapatero para evaluar el resultado de sus medidas económicas.

Salgado citó entonces, a modo de ejemplo, la mejora de la confianza, la recuperación de las bolsas, el aumento de los créditos, la desaceleración del incremento de la morosidad y una evolución más positiva del paro. Gurría fue menos optimista y limitó los signos positivos al «aflojamiento» de las condiciones para la concesión de créditos, a una mayor fluidez en el sector financiero y a una leve reactivación del comercio.

El secretario general de la OCDE detalló que los indicadores sugieren que la velocidad con que se ha hundido la economía en los últimos meses se ha atenuado. «Ya no es una caída libre», aseguró, y avanzó que las próximas previsiones que presentará este organismo el próximo 24 de junio serán las primeras en dos o tres años que no apunten a nuevos deterioros. Pidió, no obstante, cautela para que el «apetito» por ver mejoras en la situación económica no impida a los organismos «ser objetivos en las previsiones».

Los convenios del metal suscritos en los últimos años de bonanza económica deben renegociarse a la baja, porque «las circunstancias que presidieron su concertación se han alterado gravemente», según la patronal del sector.

La gran mayoría de los 34 convenios provinciales de la industria siderometalúrgica, actualmente en revisión, fueron firmados antes de 2008. Y recogen un incremento salarial medio del 2,92%, algo inadmisible para Confemetal. La organización lamenta que los sindicatos rechacen rebajar ese aumento.

La patronal recomienda asimismo a sus empresas asociadas «no hacer subidas» en los convenios en negociación. Argumenta que la variación de los precios en 2009 puede ser «negativa», lo que significa que, si la retribución de los trabajadores se mantiene, se produciría un incremento del poder adquisitivo real. Y de nuevo critica la actitud sindical, empeñada en elevar los salarios, al menos, al 2%, objetivo de inflación del Banco Central Europeo.

Ante esta situación, Confemetal advierte que no quedará más remedio que proceder al ajuste por la vía del desempleo. «Las características de nuestra negociación colectiva contribuyen a alejar los acuerdos salariales de la realidad de las empresas», asegura un portavoz. «La causa principal -continúa- es el enorme peso que en la estructura retributiva tiene la remuneración garantizada ante la variable». Para la patronal, la concepción de la negociación colectiva como «adicción de beneficios a los ya consolidados» y «la costumbre desde hace años de fijar el incremento salarial en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) previsto» produce una laguna. Sus dirigentes denuncian que los interlocutores se dejan llevar por la rutina y prescinden de la aplicación de nuevos criterios de cálculo y de actualización de las retribuciones de los asalariados.

Confemetal insiste en que en situaciones de crisis, las fórmulas de adecuación de las subidas salariales -descuelgue, compensación y absorción- a la realidad de las empresas en «muchos casos son inaplicables de hecho». Suponen «competencia desleal» o «están sometidas a un complejo mecanismo que exige el acuerdo entre empresario y representantes de los trabajadores».