Los jueces españoles no confían en el polígrafo

Francisco Javier D.M., imputado en el asesinato de Marta del Castillo, quiere demostrar su inocencia a través del polígrafo, la "máquina de la verdad" que popularizó la televisión en los noventa. Sin embargo, los jueces consideran que esta prueba, no prevista en el ordenamiento jurídico, es poco fiable. El hermano mayor de Miguel C., asesino confeso de Marta, quiere probar que no es cierto, como le imputa el juez, que el pasado 24 de enero limpiara la sangre en el piso en el que se produjo el crimen en Sevilla.

El juez que instruye el caso aún no se ha pronunciado, aunque sí se han opuesto la Fiscalía de Sevilla y la acusación particular que ejercen los padres de Marta. Francisco, en prisión incodicional en Sevilla, insistió el pasado miércoles en una carta abierta a la opinión pública en pasar por el polígrafo en algún medio de comunicación.

Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, señala que "la prueba del polígrafo es nula, inexistente, inválida y además no es prueba en sí misma porque no tiene ninguna garantía de fehaciencia". "Estamos hablando de un 20-30% de fiabilidad cuando lo que exigimos de cualquier prueba técnica es que supere el 90%", ha explicado.

Para los defensores de esta técnica, el porcentaje de validez es de entre el 95-98%, según Concepción Pérez, responsable de la empresa Poligrafía Profesional, que alude a los baremos establecido por la APA (American Poligraphy Asociation), una entidad -dice- que vela "por la utilización ética y moral de la prueba en todo el mundo".

Derecho a mentir de los imputados

Pero el problema no es sólo de fiabilidad. "En el caso de Marta no serviría porque estamos hablando de acusados y de imputados, ha explicado Sexmero. Y un imputado, según nuestra legislación, puede mentir. ¿Qué más da que el polígrafo diga que miente si el acusado tiene ese derecho?" Y su baja fiabilidad -ha agregado- tampoco avalaría abandonar una línea de investigación.

Esta técnica es "difícilmente acomodable al sistema de valores, garantías y principios constitucionales que gobiernan nuestro orden jurídico", ha abundado el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García Martínez. El artículo 24 de la Constitución -explica- reconoce al acusado o imputado, entre otras cuestiones, el derecho a la presunción de inocencia, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. "Aceptar técnicas para la obtención de la confesión despreciando los elementos de personalidad humana, violentando el consentimiento, e incluso la voluntad, ponen de manifiesto su difícil acomodo a nuestro ordenamiento constitucional".

En este sentido, ha habido pronunciamientos del Tribunal Supremo y del Constitucional, explica García Martínez, que ponen de manifiesto que cuando se utilizan estas técnicas se acaba produciendo una "total liberación de inhibiciones que llevan a las personas a declarar lo que no quieren, y se produce un quebranto de lo que es una conciencia humana". Ni siquiera en el caso de que hubiera consentimiento. "Por el mero hecho del consentimiento no cabría atribuirle, desde el punto de vista legal, una fiabilidad que sirviera para demostrar su inocencia o exculpación", ha agregado el portavoz de la APM.

No existe una enseñanza reglada

Los recelos de los jueces españoles respecto a la utilización de esta prueba choca, a juicio de los polígrafos, con la implantación de la misma en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Bélgica o Israel. "En EEUU -ha continuado García- las presiones corporativas de los grupos son extraordinariamente fuertes. Allí existe un tejido corporativo alrededor del polígrafo y hay algunas asociaciones que son extraordinariamente potentes". "Pero no me consta -agrega- que exista un criterio uniforme emanado de la Corte Suprema que despeje las incógnitas sobre la admisibilidad de este tipo de técnica. Otra cosa es lo que cada uno de los Estados haya podido acordar".

Desde el otro lado, los que en España se dedican a la poligrafía -su falta de reconocimiento legal reduce a no más de media docena los que se ofrecen en Intenet- defienden esta técnica como "una prueba científica de gran precisión. Los 90 países que la utilizan la avalan como un método muy respetado y muy fiable", explica Concepción Pérez. Esta profesional, que asegura haberse reunido en Sevilla con el abogado de Francisco Javier D.M. que ha pedido la prueba, está convencida de tener "una herramienta muy útil con la que poder ayudar a la Policía".