El principio de cupabilidad

No se libra nadie. Ni jefes de Estado y de Gobierno, ni ministros, ni jueces, ni siquiera parlamentarios autistas. El anteproyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, que exige a los desinflados bancos establecer medidas de vigilancia, incluye a todos, tanto españoles como extranjeros. Aquí se ha lavado mucho dinero puerco, puerquísimo, hasta dejarlo blanco, blanquísimo, con detergentes de última generación. El principio de culpabilidad rige para todos y hay incluso gente sospechosa de no infundir la menor sospecha.

Los responsables del depauperado Ministerio de Economía justifican el asedio bursátil aduciendo que «en la actividad de los políticos hay más riesgo de cometer estos delitos que en el resto de la sociedad». Está claro que para llevarse el dinero hay que estar cerca de donde esté.

Nadie puede poner sus pecadoras manos si sabe que no alcanza al oscuro objeto de su deseo. Sería una pérdida de tiempo obligar a los mendigos a confesar en qué paraíso fiscal donde la serpiente ha sido declarada especie protegida, ocultan sus capitales.

Se comprende que la ley antiblanqueo prefiera investigar a altos cargos políticos, pero se comprende mucho menos que haya esperado hasta que España estuviera enjalbegada de punta a punta. Muchas más de cal que de arena del mismo costal. Quienes se dedican a la tarea política están obligados a la ejemplaridad, aunque los candidatos ya no vistan túnicas blancas, sino que prefieran que los más acreditados sastres no les cobren ni las hechuras ni la tela. Es de esta última de la que se está hablando. Cuando Pablo Neruda escribió un poema titulado España, pobre por culpa de los ricos le llamaron demagogo. Pero en eso estamos. Y seguimos estando.