La deuda ya es historia

La Disposición Adicional Segunda de nuestro Estatuto de Autonomía, aprobado en referéndum y ratificado por las Cortes en 1981, establecía que: «Dadas las circunstancias socioeconómicas de Andalucía, que impiden la prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos de los servicios efectivamente transferidos, los Presupuestos Generales del Estado consignarán, con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias para garantizar la consecución de dicho nivel mínimo». Lo contemplado en el Estatuto se tradujo en los medios y se acuñó en el debate político como la deuda histórica. Un concepto poco afortunado que ha incidido en la imagen falsa de la Andalucía pedigüeña, tan a la mano del discurso nacionalista, que nunca aceptó una autonomía para todos.

El nuevo Estatuto, aprobado en 2007, se hace eco de lo establecido en el anterior, hace referencia a un acuerdo entre las administraciones central y autonómica sobre la metodología a emplear para fijar la cuantía y a las cantidades entregadas a cuenta. Finalmente, establece un plazo de seis meses para acordar las «asignaciones complementarias» y de tres años para pagarlas.

Con el acuerdo alcanzado se hace historia, sin obtener ningún privilegio. Simplemente se ejerce un derecho constitucional, se cumple lo establecido en el nuevo Estatuto, poniendo de manifiesto de manera clara y contundente su utilidad para todos los andaluces. El PP no apoyó el Estatuto de 1981 y durante el Gobierno de Aznar (1996-2004) no se esforzó para lograr un acuerdo. Su única estrategia fue intentar la asfixia económica de la Junta, ignorando lo establecido en el Estatuto. Dejó a deber 2.500 millones de euros de financiación ordinaria y destinó a otras comunidades más de 4.000 millones de euros de Fondos Europeos que correspondían a Andalucía. En aquellos tiempos, en los que Andalucía sólo recibió un 12% de la inversión total de España, Aznar hablaba catalán en la intimidad impulsado por la necesidad de pactar con CIU, hasta que la mayoría absoluta le permitió cambiar la consigna por la de Puyol enano, habla castellano.

El debate sobre la cuantificación de las «asignaciones complementarias» ha sido un auténtico disparate en el que han predominado los cambios de criterios, en función de la situación política de los interlocutores en cada momento.

En 1995 cuando Chaves e IU acordaron solicitar 51.000 millones de pesetas (306 millones de euros), Arenas desde el gobierno dijo que Chaves y Rejón eran unos irresponsables. En octubre de 2004, ya en la oposición, el portavoz del PP afirmó que quedaban por pagar 1.028 millones de euros (más 120 ya abonados). Un año más tarde presentaron una propuesta de resolución exigiendo 1.148 millones de euros, pero al final de la pasada legislatura, ante la posibilidad de un acuerdo entre los gobiernos socialistas de Andalucía y de España, subieron el listón hasta lo imposible. Al mismo tiempo, mientras aquí en Andalucía el PP organizaba una subasta irracional, sin explicar en ningún momento los criterios utilizados para fijar la cuantía de las demandas, en otras Comunidades, los dirigentes de la derecha criticaban a Zapatero por pagar a Andalucía las Asignaciones de la Disposición Adicional Segunda.

En IU tampoco ha sobrado la coherencia. En 1995 Luis Carlos Rejón cuantificó la deuda en 100.000 millones de pesetas (unos 600 millones de euros), ahora Valderas exige 7.500 millones de euros, más de un billón de pesetas. Ni en uno ni en otro caso sabemos cómo han hecho las cuentas. Andalucía recibirá la cantidad de 1.204,41 millones de euros (más de 200.000 millones de las antiguas pesetas), superando en 56 los 1.148 millones de euros fijados en el Parlamento.

Sólo el PSOE ha mantenido un compromiso claro para dar a los andaluces lo que les corresponde, culminando un proceso iniciado en 1995 con el Gobierno de Felipe González y cerrado ahora con el de Zapatero.