El Ayuntamiento considera insuficientes los 250.000 euros aprobados por el Gobierno para 2009 como compensación por la existencia de grandes instalaciones militares

La dirección general de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas, ha comunicado al Ayuntamiento de San Fernando la resolución de 11 de febrero de 2009 según la cual se acuerda que "con cargo al crédito existente en la aplicación presupuestaria 22.03.942 A.460.01 de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 2009 se asigne" a la ciudad "una ayuda económica de 250.000 euros" Dentro del plazo preceptivo, el Ayuntamiento ha contestado a ese escrito aceptando la referida subvención, y con la declaración de que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, requisitos todos ellos obligatorios para poder acceder a dicha ayuda.

Como se recordará y se expone en el escrito remitido al Ayuntamiento la finalidad de esa aplicación presupuestaria es "compensar a diversos municipios por la existencia en su territorio de grandes instalaciones militares" y la resolución se hace "teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias" Tras conocer esta comunicación, la delegada municipal de Economía y Hacienda, Mercedes Espejo ha vuelto a insistir en la necesidad de que el Estado "ayude" a San Fernando con una cantidad mayor y constante y permanente.

"Esos 250.000 euros están muy lejos de los seis millones de euros comprometidos por el Gobierno del PSOE y muy lejos de la cantidad que debía corresponder a nuestra ciudad". Se refirió al "trato especial pendiente" del Estado con San Fernando, "un trato especial que sea regulado por Ley, que tenga en cuenta las singulares y especiales características del municipio no sólo en lo referido a servidumbres militares sino también por la carencia de inversiones en zonas como el Parque Natural o las afectadas por la Ley de Costas, con la incidencia que todo ello tiene en el desarrollo socioeconómico". La delegada considera además que la aportación del Estado "debería estar fijada por Ley de manera permanente y constante, con los incrementos que pudieran corresponder en cada ejercicio y no dejarlo a la decisión que se quiera tomar cada año; si se reconoce la necesidad de una compensación, ésta debe estar regulada de forma más seria y racional en todo el procedimiento, desde la fijación del importe o la concreción de una partida específica hasta los plazos de abono".