Los socialistas preguntan a la Iglesia si quiere encarcelar a las mujeres que abortan

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prefirió ayer recibir de perfil la andanada de la Conferencia Episcopal contra la reforma en curso de la Ley del Aborto, concretada en la estridente 'campaña del lince', lanzada la víspera, con la que los obispos denuncian el supuesto agravio comparativo entre la protección que los poderes públicos prestan al gran felino ibérico y otras especies, y el 'olvido' de los humanos no nacidos. El Ejecutivo dejó la labor de contrataque en manos de los portavoces socialistas, que, en boca de José Antonio Alonso, preguntó a la Iglesia «si quiere que las mujeres que interrumpen su embarazo vayan a la cárcel» y tachó la campaña de «demagógica y extremista».

Alonso, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, señaló además que a las mujeres «no les gusta» abortar y que «a menudo tienen que hacerlo por circunstancias dramáticas y trágicas». A su juicio, «se están perfilando dos tesis muy claras», la del PP, «que quiere que esas mujeres que tienen que abortar sigan yendo a la cárcel», y la del PSOE «que no quiere penalizarlas» por el hecho de abortar.

Del lado gubernamental sólo habló el ministro de Sanidad, que acusó a la Conferencia Episcopal de ir por un camino «distinto del que sigue la sociedad». En un acto institucional, recordó que el debate aborto sí o no, que la cúpula de la Iglesia Católica española intenta avivar, está desfasado desde 1985, año de la actual ley de interrupción del embarazo. Es, dijo, «una controversia vieja y resuelta por la sociedad española».

En este sentido ahondó el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que acusó a la Iglesia de tener una postura «hipócrita», de caminar «hacia atrás» y de defender posiciones «rancias» y «antiguas» en relación con el aborto. Recordó cómo la Iglesia y el PP se opusieron en su día a la decisión de la Junta de Andalucía de permitir la investigación con células madre. Insistió en que la campaña eclesial contra la reforma de la ley «nos retrotrae a hace veinte años. Ahora no se discute si aborto sí o aborto no, porque afortunadamente ya estaba legislado en España». En este sentido, criticó, como «creyente», la hipocresía de la Iglesia y de algunos sectores, que estaban «callados» cuando gobernaba el PP y ya estaba en vigor una ley que posibilitaba el aborto.

Pese a la cautela oficial, miembros del Ejecutivo sí admiten en privado su enfado porque la nueva arremetida de la Conferencia Episcopal, y las insinuaciones de que se protege menos la vida humana que la de la fauna o la flora, puede alentar a determinados sectores muy conservadores a recuperar antiguas banderas incluso contra la interrupción del embarazo autorizada por la ley de 1985.

Tampoco el PP quiso explayarse sobre la 'campaña del lince'. «No seré yo quien la critique», dijo Soraya Sáenz de Santamaría. «Cualquiera tiene derecho a hacer la campaña que estime conveniente». La portavoz 'popular' en el Congreso reiteró su oposición a la nueva ley -previsiblemente con un plazo de 14 semanas de aborto libre-, innecesaria a su juicio y que reabre de «forma frívola un debate cerrado en su día y con el aval del Tribunal Constitucional». El aspecto más preocupante es, para el PP, el que las chicas de 16 años en adelante puedan interrumpir su embarazo sin permiso paterno. Cree que se transmite a las adolescentes la idea «errónea» del aborto como «un método anticonceptivo más».

Los ecologistas opinaron por alusiones al lince. En un comunicado, Ecologistas en Acción censuró el «insulto a la inteligencia» que supone la campaña «pueril» de los obispos. La jerarquía católica -subrayan- no puede dar «lecciones de moralidad a nadie» ni por su pasado (Inquisición, guerras de religión, apoyo a dictaduras) ni hoy por el reguero de casos de pederastia entre sus miembros en distintas partes del mundo. En el lado opuesto, el presidente del Foro Español de la Familia (FEF), Benigno Blanco, calificó de «simpática, apropiada y ecológica» la campaña.

Con ruido o sin él, la futura ley del aborto llegará al Parlamento antes del verano. El Ministerio de Igualdad confía en tener listo el anteproyecto «en un mes», según el entorno de la ministra Bibiana Aído. Se espera que la propuesta diste poco de la del grupo de juristas y médicos convocados por el Ministerio: una ley mixta, con un plazo de 14 semanas de aborto libre, e indicaciones médicas para los casos de grave riesgo para el feto o la madre hasta la semana 22. Los expertos aconsejan prescindir del permiso paterno de los 16 años en adelante. Ninguna mujer irá a la cárcel por abortar, aunque lo haga fuera del marco legal. Vulnerar la ley sí será delito para el equipo médico y sanitario.