La Fiscalía descarta imputar al tesorero y a un eurodiputado del PP

La Fiscalía Anticorrupción no encuentra indicio alguno para imputar a aforados nacionales del Partido Popular, en concreto su tesorero y un eurodiputado, en la trama de favores, dádivas y comisiones que dirigía el empresario Francisco Correa. Así se lo indicó ayer al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al que reitera el criterio del que ya le informó el pasado 18 de febrero, que el llamado 'caso Gürtel' debe ser investigado por los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia dado que sí hay pruebas sólidas para relacionar a consejeros y parlamentarios regionales populares en la trama de corruptelas.

Anticorrupción ha estudiado durante una semana el atestado que la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía entregó el 24 de febrero al magistrado y en el que, según el juez, había «nuevos datos» sobre «la aparición de un posible nuevo caso de aforamiento» nacional. La Fiscalía, sin embargo, cree que ese informe en el que se citan los nombres del senador y tesorero del PP Luis Bárcenas y del eurodiputado Gerardo Galeote no es suficiente como para sostener acusaciones formales contra ellos y derivar la totalidad del caso al Tribunal Supremo.

En ese informe, los expertos antifraude mencionan a Bárcenas a partir de las grabaciones que presentaron los denunciantes ante la Fiscalía. El cabecilla de la red de favores, en una de conversación captada en diciembre de 2007, asegura que él mismo le ha «llevado» a Bárcenas 1.000 millones de pesetas a «Génova y a su casa». El entorno del tesorero popular ha negado siempre esas acusaciones y ha enmarcado esas imputaciones en una venganza de Correa porque le apartó del partido al conocer que hablaba en nombre de la dirección nacional. Por su parte, la Policía citaba a Galeote y a sus familiares por los supuestos negocios que la trama de Correa había mantenido en Boadilla del Monte, donde el padre del eurodiputado fue concejal.

El Ministerio Público, tras analizar el conjunto de la investigación realizada hasta ahora, se «ratifica en las conclusiones a las que llegó en su anterior informe», el del 18 de febrero, en el que le reclamó que remitiera la «totalidad» del sumario al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al afectar las pesquisas al menos a tres parlamentarios regionales del PP, y con la excepción de un episodio que, según fuentes judiciales, afecta al presidente de la Comunidad Valenciana, aforado ante el tribunal superior de la región. En previsión del uso que se pueda hacer del contenido del informe, la nota de prensa remitida desde la Fiscalía General del Estado recuerda que el juez Garzón puede seguir la instrucción de la causa «hasta tanto se resuelva la competencia por los órganos judiciales competentes», en virtud del artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que mientras que una instancia judicial superior no establezca a quién establece la competencia de investigar un delito, «el juez de instrucción que acuerde la inhibición a favor de otro de la misma clase seguirá practicando todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo».

El informe de la Fiscalía Anticorrupción no es vinculante para el magistrado de la Audiencia Nacional. Garzón todavía no ha tomado una decisión sobre su inhibición, si bien el pasado 20 de febrero en providencia y «con carácter urgente» ordenó que se hicieran tres copias de las actuaciones. Aquella maniobra pareció indicar que el instructor se preparaba para dejar el caso y que en breve iba a remitir a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia sus 'exposiciones razonadas' con los indicios contra los aforados autonómicos.

Los planes del juez, al menos hasta hace una semana, pasaban por no deshacerse de todo el 'caso Gürtel'. Garzón pretendía desgajar la investigación en tres partes: enviar a los tribunales superiores los datos sobre los aforados regionales, al Supremo las pruebas sobre los aforados nacionales y quedarse con el núcleo de la red tejida por Correa, y en la que ya hay 37 imputados no aforados. El instructor pretendía seguir buceando en los negocios de la trama que hunde sus raíces en la Comunidad de Valencia y en la de Madrid y esclarecer a qué paraísos fiscales fue a parar el dinero conseguido por Correa y los suyos.

Precedentes

Hasta que no se resuelva qué tribunal es competente, Garzón podrá mantener la investigación, pedir nuevos informes a la UDEF e interrogar a los sospechosos, siempre que no sean aforados. El juez podrá indagar sobre las supuestas relaciones de políticos del PP aforados nacionales o regionales, aunque siempre de manera colateral y tangencial, a través de otros imputados o del estudio de los documentos incautados.

Lo que no parece probable es que Garzón, con el criterio en contra de la Fiscalía, remita el caso al Tribunal Supremo. Es improbable, pero no imposible. Este magistrado ya lo ha hecho. Y por dos veces. Fue durante la instrucción de los diferentes sumarios de los GAL. En 1996, en el 'caso Marey' reclamó al Supremo, con el informe en contra del Ministerio Público, que se tomara declaración como imputado al ex presidente del Gobierno Felipe González por ordenar el secuestro de la primera víctima de la guerra sucia. En 1999 volvió a repetir la maniobra, esta vez durante la instrucción del 'caso Oñaederra', con la acusación de que el ex jefe de Gobierno había ordenado la creación de los Grupos Antiterroristas de Liberación.