El impulso a los proyectos estratégicos marca los cien primeros días de gobierno de PSOE, PSA e IU en la ciudad

Hoy se cumplen 100 días desde que el PSOE, afianzado con los votos de la edil del PSA y de Izquierda Unida, recuperase la alcaldía tras sellar la primera moción de censura de la historia democrática de Chiclana.

En este periodo de apenas tres meses han pasado muchas cosas. Entre ellas la convivencia de dos gobiernos distintos. La marcha al Parlamento de una concejala del PP. Una moción de censura. El aumento de la crispación política. La firma del convenio para la construcción del tranvía urbano. El visto bueno al anteproyecto de la carretera de circunvalación costera conocida como ronda oeste. El anuncio de la construcción de 821 viviendas protegidas en los próximos años. O la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del Plan General de Ordenación, que obligará a tener que reelaborar un nuevo documento en dos años.

La alianza de izquierdas del actual equipo de Gobierno llegó a finales de noviembre con mucha fuerza. El alcalde, José María Román, dejaba patente en una entrevista concedida a LA VOZ unas horas antes de su investidura oficial las «enormes ganas de trabajar por Chiclana tras estas vacaciones obligadas» que tenía.

Se abrió 'el grifo'

Ayudado por la generosidad de la Junta de Andalucía y del resto de administraciones que en estos momentos comandan los socialistas, que han abierto el grifo de las negociaciones, conversaciones, reuniones y atenciones a la localidad, el Ayuntamiento de Chiclana ha podido en estos últimos tres meses relanzar hasta media docena de proyectos de gran calado que habían quedado paralizados y ralentizados por diferentes causas durante la etapa del Gobierno cuatripartito de Ernesto Marín y el PP.

El caso más significativo es la construcción del tramo urbano del tranvía metropolitano, de apenas tres kilómetros de longitud y su paso por el casco urbano (calle Mendizábal y núcleo de El Pájaro), que cuenta con una inversión estimada de 51,4 millones de euros. Su convenio se firmó hace tres semanas por el Consejero de Obras Públicas, Luis García Garrido, y el Consistorio, y la Junta trabaja ya con urgencia en las expropiaciones del suelo.

Pero hay más. Es el caso también de la nueva carretera costera ronda oeste, que en estos momentos está a la espera tan sólo de que la Junta elabore el proyecto de ejecución definitivo, tras dar el visto bueno al anteproyecto. Sus datos abruman. Entre 60 y 80 millones de euros de coste total, siete kilómetros de recorrido que enlazarán la Avenida del Mueble con la carretera del Molino Viejo y la posibilidad de desarrollar decenas de nuevas urbanizaciones anexas.

El tercer proyecto destacado que ha logrado salir adelante, al menos en sus primeros trámites burocráticos, y que cuenta con la intención política para su ejecución, es, precisamente, el que da cumplimiento a uno de los puntos más importantes del programa de gobierno consensuado por PSOE, PSA e IU. Se trata de la construcción de 821 viviendas protegidas que el Consistorio, a través de su Gerencia de Urbanismo, ubicará en tres puntos distintos de la ciudad: Las Conejeras, El Doctoral y La Pedrera. Todos estos pisos, de promoción pública, contarán con el aporte de suelo gracias a los aprovechamientos urbanísticos en manos del Consistorio.

Una operación singular

Estas tres actuaciones son más que suficientes para el actual alcalde de Chiclana, José María Román, que zanja la comparación con sus antecesores con la afirmación «éste Gobierno sí que gestiona y gobierna», apunta.

No piensan lo mismo los miembros de la oposición, que llevan tres meses repitiendo hasta la saciedad aquello de que «ha vuelto el Gobierno de Román, el cacique, sustentado por una traidora y una tránsfuga». Tras el revuelo político inicial, que motivó incluso la presencia en Chiclana de los primeros espadas regionales de los grandes partidos (Arenas apoyó públicamente a Marín días antes de la moción), la situación, lejos de tranquilizarse, se crispó más. Tanto populares como el Partido Andalucista y José Pedro Butrón y José Antonio Blanco (por aquel entonces aún como militantes y representantes municipales de IU), defendieron sus cargos aduciendo que «éste sí es el pacto por la pasta», y atacaron con dureza «la pantomima de asambleas del PSA» y a su edil Mari Ángeles Polanco, que incluso ha amenazado en varias ocasiones con denuncias judiciales.

Apenas tres meses después de que Román recuperase la Alcaldía la oposición se ha diluido notablemente. Butrón y Blanco aguardan las medidas cautelares que les devuelvan la portavocía y la pertenencia al Grupo Municipal de IU tras haber sido expulsados y apartados de la disciplina. Esa fue una de las primeras decisiones que tomó Román nada más llegar a la Alcaldía; aceptar la petición de Diego Valderas para obligarlos a pasar a la categoría de concejales no inscritos.

El PGOU, anulado

Mientras el Partido Andalucista se divide y a la edil Estefanía Benítez sólo se le ve en los plenos, el único partido que sigue batallando, aunque de forma muy irregular, es el PP. El ex-alcalde, Ernesto Marín, ha presentado algunas propuestas interesantes, como la de probar la incidencia que tendrá en el tráfico el paso del tranvía por el centro urbano, y no se cansa de recordar el «maltrato que dieron las administraciones del PSOE a nuestro Gobierno, pese a lo que fuimos capaces de hacer muchísimas cosas», apunta.

Pero sin duda el mayor revés recibido por el actual equipo de Gobierno chiclanero en estos primeros tres meses de su gestión municipal ha sido la anulación del PGOU por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que daba la razón por tercera vez consecutiva a los propietarios que lo recurrieron.

Con el Plan General tumbado pero aún vigente gracias a los recursos de casación presentados ante el Tribunal Supremo, la Gerencia de Urbanismo ha tenido que actuar con diligencia, y ha puesto a trabajar a los técnicos para corregir, revisar y volver a aprobar antes de dos años un nuevo documento sobre la base del actual. El objetivo final es que la ciudad no entre en un vacío legal y jurídico por falta de planeamiento urbano, algo que el alcalde garantiza que «no sucederá».

A partir de ahora, la puesta en valor del poblado de Sancti Petri, la ejecución de las obras con los 15 millones de euros que llegan de fondos estatales y autonómicos, el visto bueno al quinto polígono industrial en Miralrío, la peatonalización del centro o el desarrollo del centro comercial en La Longuera son los asuntos que están sobre la mesa.

chiclana@lavozdigital.es