Los jueces buscan retomar la negociación con el Gobierno

Los responsables de las cuatro grandes asociaciones de jueces se declararon ayer dispuestos a retomar el diálogo con el Ministerio de Justicia para pactar las medidas que modernicen el funcionamiento de los tribunales y eviten así la huelga en la magistratura convocada para el 26 de junio.

Los máximos responsables de las asociaciones, que durante siete horas comparecieron en la Comisión de Justicia del Congreso, afirmaron que van a dar «un voto de confianza» al nuevo ministro, Francisco Caamaño, y que se sentarán a negociar con él en cuanto les convoque. Pero también le advirtieron de que la situación de los tribunales es «lamentable» e «insostenible», por lo que serán «firmes» en sus reivindicaciones, exigirán soluciones «reales» y pedirán que los cambios y mejoras se pongan en marcha «con urgencia».

Los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) aceptaron el llamamiento hecho por todos los grupos parlamentarios para que canalicen sus reivindicaciones a través del diálogo. No obstante, no estuvieron dispuestos a satisfacer la segunda reclamación de los partidos mayoritarios, que retirasen la amenaza de huelga de jueces para junio. La APM y JpD, las dos asociaciones que se negaron a apoyar el 18 de febrero pasado la primera huelga judicial de la historia española por considerar que «aún había margen para la negociación con el Ministerio», se reafirmaron ayer en su apuesta «decidida» por el diálogo y en que no quieren llegar a una huelga que, sin embargo, «es la última opción».

Las cuatro asociaciones reconocieron que «la gota que colmó el vaso» para la radicalización y movilización de la magistratura fue el caso Tirado, pero no por la sanción que se le impuso sino por lo que tuvo de «injerencia» del Ejecutivo para lograr un castigo ejemplar con el que tapar todas las deficiencias y falta de medios de la Justicia. Creen que hizo estallar el «hartazgo» de la carrera por un «abandono histórico» por parte de «todos los gobiernos» y por u nos consejos del Poder Judicial totalmente «politizados e inoperantes». Todos los partidos recriminaron a los jueces que hagan uso del derecho a la huelga, ya que consideran que es «ilegal» por formar parte de un poder del Estado.