Londres veta la difusión de las actas de las reuniones en las que se decidió la entrada en Irak

Pese a lo dictado por un tribunal, no se conocerán las claves que llevaron al Reino Unido a entrar en la guerra de Irak. El Gobierno británico ha decidido vetar la difusión de las actas de los consejos de ministros de marzo de 2003 en los que se decidió la implicación del país en la ofensiva. El Ejecutivo argumenta que evita "daños serios" para el gabinete ministerial frente al "interés público" que defendía el Tribunal de Información. El titular de Justicia, Jack Straw, ha anunciado en el Parlamento una resolución que sostiene que la publicación de esos documentos no provocaría "ningún beneficio". De esta forma el Gobierno emplea por primera vez la cláusula de veto a la que tiene derecho según la Ley de Libertad de Información, promulgada en 2005.

La inédita aplicación de este veto provocará un severo debate en el Reino Unido, puesto que el Gobierno no ha intentado siquiera la vía de la apelación al alto tribunal (equivalente al Supremo español) para poner fin a una prolongada batalla legal promovida por los grupos que reclaman su derecho a conocer las conversaciones del Ejecutivo que encabezaba Tony Blair cuando apostó por sumarse a la operación liderada por Estados Unidos contra el régimen de Sadam Husein.

Según ha explicado Straw en la Cámara de los Comunes, revelar los contenidos de las reuniones celebradas el 13 y el 17 de marzo, en las que se discutió si la invasión contaba con la autorización de la normativa internacional, supondría "potenciales daños serios" para el Gobierno y no generaría "ningún beneficio para el interés público". El ministro ha entregado a las dos cámaras del Parlamento, así como al Tribunal de Información y al comisionado de Información, uno de los promotores de la publicación, el documento en el que confirma un veto que considera acorde con las "bases del funcionamiento parlamentario" y la privacidad del Ejecutivo. "Hay un equilibrio entre la apertura y el mantenimiento de los aspectos de nuestra estructura de gobierno democrático", apuntaba.

La investigación sigue bloqueada

La decisión ha correspondido a Straw aunque ha sido aprobada en Consejo de Ministros, tras un proceso que "no se tomó a la ligera", sino para "proteger" al Gobierno. Una opinión compartida por el propio Partido Conservador, que la considera "correcta", debido a los efectos que habría podido causar en futuros debates de cuestiones controvertidas, aunque sigue insistiendo en que es necesario que acometer ya la prometida investigación sobre Irak.

El Ejecutivo ha reiterado que esa investigación no comenzará hasta que las tropas hayan regresado, es decir, después de julio, aunque ha preferido evitar reabrir el debate sobre los prolegómenos de la operación que comenzó el 19 de marzo de 2003 y que podría afectar, entre otros, al por entonces fiscal general del Estado, lord Goldsmith. Según trascendió en 2005, el 7 de marzo de 2003 Goldsmith habría puesto en duda la legitimidad para, tan sólo una semana después, mantener que era compatible con la legislación internacional, argumento que esgrimió Tony Blair. Un cambio de criterio que llevó a los críticos a sostener que el Gobierno no había sido plenamente informado acerca de los riesgos.

Por todo esto, Jack Straw se ha decantado por el veto incluso pese a que el Tribunal de Información -encargado de arbitrar en los casos en los que los organismos oficiales rechazan cumplir con las normas dictadas por el comisionado en la materia- le había ofrecido la oportunidad de difundir las actas redactadas o, incluso, editadas, para evitar riesgos para las relaciones internacionales del Reino Unido o dirigentes todavía en activo, como el propio primer ministro, Gordon Brown, al frente de la cartera de Hacienda en 2003.