El 75% de los jueces jerezanos secundó la jornada de huelga

Las previsiones eran contradictorias, pero ayer finalmente se disiparon las dudas y el colectivo de magistrados del Partido Judicial de Jerez dejó clara su postura con la adhesión del 75% de profesionales a la huelga. Aunque todo apuntaba a que la inmensa mayoría se decantaría por un paro de una hora, los jueces decidieron radicalizar las medidas y optaron por paralizar la actividad durante todo el día.

A las doce del mediodía una amplia representación de afectados se congregaba a las puertas de la sede judicial de la avenida Tomás García Figueras, con la intención de hacer patente su protesta y leer un manifiesto en el que se detallaban sus reivindicaciones. Juan José Parra, el juez decano, fue el encargado de hacer los honores hablando en representación de los 22 magistrados (18 órganos unipersonales y cuatro de la sección octava de la Audiencia Provincial), para señalar los nueve puntos sobre los que existe, independientemente de decisiones personales o filiaciones, una unanimidad total.

Como primera de las exigencias, Parra se refirió a la urgente instauración de una nueva oficina judicial con delimitación de las funciones y las responsabilidades, además de la inmediata modificación de la legislación al respecto, con vistas a conservar la competencia exclusiva de los jueces y garantizar así su independencia. La modernización del sistema constituye otra de las principales reivindicaciones, con la petición de una intercomunicación de las bases de datos judiciales, la digitalización documental y la transmisión telemática de procedimientos, entre otros.

El incremento en las partidas presupuestarias destinadas a Justicia y una correcta cobertura de las vacantes y las sustituciones suponen otras de las peticiones, así como una revisión general de la actual planta judicial que favorezca una distribución equitativa del trabajo, sin olvidar la convocatoria de 250 plazas que también contribuya a aligerar las tareas. Como los dos últimos puntos, el decano señaló la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral, así como el cumplimiento de la Ley de Retribuciones «siempre y cuando esta medida esté supeditada a la mejora de la situación económica en España».

Una vez leído el manifiesto, Parra quiso destacar el importante seguimiento de la huelga en el caso del Partido Judicial de Jerez, a pesar de la disparidad de criterios existente dentro de las diversas asociaciones que aglutinan a los magistrados. No obstante, la jornada transcurrió tranquila respetándose en todo momento los servicios mínimos, por lo que la incidencia en lo que pudiera afectar al ciudadano fue escasa. «Aquí el efecto será mínimo -sentenció el decano-, porque todos somos muy profesionales y los juicios que se hayan podido suspender, si no se han celebrado hoy se harán mañana o pasado mañana. Las incidencias serán mínimas en todos los sentidos». De hecho, garantizó el funcionamiento con total normalidad del juzgado de guardia, incidiendo en que «todos los magistrados de este Partido Judicial tras esta comparecencia se encontrarán en sus respectivos despachos».

Calendario de protestas

El paro de ayer supondrá sólo una de las medidas a llevar a cabo, con vistas a la próxima huelga del día 26 de junio, para lo que ya se ha constituido una mesa de trabajo que luchará por que las reivindicaciones lleguen a buen puerto y los profesionales consigan mejorar el sistema. «A partir de ahora tenemos que continuar, se llamará a capítulo a quien tenga que llamarse y se convocará a todo el mundo, estaremos representados todos los colectivos judiciales para dar una solución inminente a este problema».

Parra se mostró combativo en todo momento animando a los magistrados a que se unan a la batalla por unas condiciones óptimas en materia de Justicia, subrayando que «hay que tomar una posición activa porque las exigencias están aumentando, y nosotros estamos cada vez más por encima de nuestra carga de trabajo». Como recordó el profesional, en la actualidad la media europea de jueces está fijada en 20 ó 25 por cada 100.000 habitantes, mientras que en España no se llega a diez.

Este, a juicio de los implicados, es uno de los indicadores claros de lo obsoleto de un sistema cuyas deficiencias acaban pagando los magistrados. «No podemos trabajar con leyes del XIX en el Siglo XXI, tenemos que estar con los medios adecuados. No nos vale eso de ya lo haremos, queremos soluciones ya». Dados los últimos acontecimientos y el surgimiento de desavenencias entre las asociaciones judiciales, Parra desconoce si se cumplirá el calendario de movilizaciones previsto en un principio, aunque por el momento se mantiene la huelga de junio. Eso sí, reconoció que el colectivo está dispuesto a negociar con la Administración siempre y cuando se ofrezcan alternativas inmediatas, que garanticen una mejora de un servicio fundamental para el ciudadano.

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