La Fiscalía pide a Garzón que envíe a Madrid y Valencia el sumario de la trama de corrupción

La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer al magistrado Baltasar Garzón que deje en manos del Tribunal Superior de Madrid y, en menor medida, del de Valencia la investigación sobre la trama corrupta que salpica al Partido Popular.

El departamento que dirige Antonio Salinas respondió así a la consulta que el pasado 12 de febrero le dirigió el propio instructor, cuando comprobó que deberá inhibirse al constatar que hay implicados cargos del PP aforados.

La Fiscalía le da la razón y le reclama que abandone la «totalidad» del sumario, no sólo las pesquisas sobre los presuntos delitos cometidos por consejeros y parlamentarios autonómicos relacionados en la red de sobornos y cohechos tejida por el empresario Francisco Correa.

El Ministerio Público se amparó en el «carácter secreto de las actuaciones» para no desvelar los nombres de las personas aforadas, su grado de implicación en la trama o los delitos que se les imputa. En una escueta nota, se limitó a informar de que ha reclamado a Garzón que envíe a los tribunales superiores de las dos comunidades sendas exposiciones razonadas para que asuman la competencia del caso Gürtel. Anticorrupción cree que debería ser la justicia madrileña la que debería hacerse cargo de la «totalidad de la investigación», excepto «determinados hechos» en los que estarían implicados aforados en la Comunidad Valenciana, que serían «perfectamente escindibles» de la pieza principal madrileña y pasarían a ser competencia del tribunal superior de esa comunidad.

El 12 de febrero, un día antes de que Garzón anunciara oficialmente al PP que no podía personarse en la causa como acusación porque en el sumario aparecían nombres de altos cargos de esa formación, el propio juez había consultado a la Fiscalía qué hacer.

La pretensión de la Fiscalía Anticorrupción de que el instructor abandone por completo la investigación no ha caído bien en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Según fuentes de este tribunal, Baltasar Garzón no se plantea dejar el sumario hasta que termine los interrogatorios de los 37 imputados, procedimiento que no concluirá hasta el 4 de marzo. Para ese día tiene citados al ex alcalde del PP en Majadahonda y ex gerente del Mercado Puerta de Toledo Guillermo Ortega y el empresario José Luis Ulibarri.

Investigación dividida

Garzón recuerda que el artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que, mientras que una instancia judicial superior no establezca a quién compete investigar un delito, «el juez de instrucción que acuerde la inhibición a favor de otro de la misma clase seguirá practicando todas las diligencias» necesarias para desentrañar el delito.

Además, el magistrado, que no discute que antes o después deberá inhibirse al menos en lo que a los aforados respecta, defiende a priori su competencia para instruir sobre el resto de la trama tejida por el empresario Francisco Correa.

Los planes de Garzón pasan por seguir investigando a Correa, sus secuaces, sus empresas, el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, las defraudaciones fiscales y la compra de favores en los ayuntamientos. Mientras, los tribunales superiores de Madrid y Valencia se ocuparán, caso por caso, de las operaciones delictivas concretas en las que aparezcan implicados parlamentarios o miembros de los gobiernos autonómicos de ambas comunidades, sospechosos de favorecer con sus resoluciones a las empresas de Correa a cambio de dádivas.

Según responsables de la investigación, al menos cuatro personas aforadas de ambas comunidades pueden verse imputadas a la vista de los documentos en poder de Garzón. Los nombres de otros tres aforados aparecen en varios documentos, aunque las «pruebas contra ellos, por el momento, no son tan contundentes».