La huelga de la judicatura se desinfla en Cádiz y la secunda sólo un 25% de jueces

La inusual imagen se produjo por primera vez en la historia: los jueces se lanzaban ayer a la calle para pedir al Gobierno cambios en la administración de Justicia y mejoras laborales para ellos, utilizando para ello medidas de presión propias de los sindicatos como huelgas y paros masivos.

Sin embargo, la división de criterios entre los convocantes desinfló las expectativas de participación, en una caótica jornada caracterizada por la desunión: unos se pusieron en huelga, otros sólo pararon una hora y muchos otros decidieron acudir al trabajo.

En la provincia de Cádiz, según las cifras del CGPJ, sólo 31 magistrados de los 123 que ejercen en los juzgados gaditanos, siguieron la huelga. Es decir, uno de cada cuatro no fue a su juzgado. Aunque a estas cifras hay que sumar la veintena de jueces que a media mañana se sumaron al paro de una hora -como inicialmente estaba convocado según un acuerdo de la junta de jueces del pasado 21 de enero-. «Nosotros no hemos ido a la huelga, pero paramos una hora», explicaba ayer, por ejemplo, el juez decano de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena, que reconocía que no radicalizaron las medidas de protesta «porque el cambio de postura de algunos jueces [la víspera de la jornada] impidió organizarnos; no hubo tiempo de decidir qué se iba a hacer». La batalla de cifras entre convocantes y la administración fue inevitable. Así, mientras los jueces decanos de cada partido judicial hablaban de participación «masiva» en Cádiz, el Consejo General del Poder Judicial tachó el seguimiento de «minoritario».

Manifiestos comunes

Ya sea con huelga o paro parcial, todos los que se movilizaron ayer compartían unas reivindicaciones similares, que se leyeron ante las puertas de los juzgados gaditanos por los jueces decanos de cada ciudad, acompañados por más o menos compañeros. En Cádiz capital, casi treinta magistrados se reunieron ante el juzgado de San José. Allí, la jueza decana, Nuria Orellana, leyó su particular manifiesto, en el que se incluían siete exigencias (una se eliminó) acordadas por las cuatro organizaciones de jueces -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- antes de que se desunieran.

A pesar de la escueta presencia ante la puerta, Orellana consideró que -al menos en Cádiz- la participación fue «masiva», ya que «sólo dos jueces de los 24 [juzgados unipersonales] no la secundaron». A ellos sumó los magistrados de la Audiencia Provincial, que en Cádiz contó con amplio seguimiento, a excepción de cinco miembros. Orellana no descartó la convocatoria de nuevas protestas antes del 26 de junio, cuando hay prevista una nueva huelga.

Las concentraciones de jueces se repitieron en otros partidos judiciales de la provincia como Jerez, donde el 75% de los jueces pararon la actividad. Así lo calculó el juez decano Juan José Parra, que exigió a las administraciones «soluciones inmediatas» y recordó que «el colectivo está dispuesto a negociar con el Gobierno».

En Algeciras, la lectura de la jueza decano, Isabel Morón, fue cuanto menos original ya que convocó un programa de radio en el palacio de justicia de la ciudad, que tuvo que ser suspendido al estar prohibida por la Junta la entrada de la prensa a los juzgados. Algo que Morón tachó de «censura pura y dura».

Medida «injusta»

Desde el ámbito de la política, sólo el PSOE emitió un comunicado en el que consideraba la huelga «injusta para los ciudadanos, ya que merma su derecho a la tutela judicial», según el senador por Cádiz, Juan Cornejo, que denunció que la huelga fuera «contra el Gobierno que más ha invertido en la Justicia».

Desde la Delegación de Justicia de la Junta en Cádiz se evitó hacer valoraciones acerca de las huelga, ya que la competencia disciplinaria pertenece al Consejo General del Poder Judicial.