RESCATE. Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la Cruz Roja trasladan uno de los dieciocho cadáveres en Teguise (Lanzarote). / EFE
ESPAÑA

La cooperación con África evita la llegada de 8.000 inmigrantes

La detención de miembros de redes de tráfico de personas en España y el continente vecino creció en 2008 un 44%

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La cooperación de las fuerzas de seguridad españolas con las de los países del norte y golfo de África impidió el año pasado que 8.024 inmigrantes se embarcaran en pateras, cayucos o buques negreros con destino a las costas canarias o andaluzas, según desveló ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El estrechamiento de los lazos bilaterales y de seguridad con países como Marruecos, Mauritania, Senegal, Nigeria, Cabo Verde, Mali, Gambia o Guinea Bissau hizo posible que se abortasen en territorio africano un 50% más de operaciones clandestinas que en 2007.

Pérez Rubalcaba recordó que ya hay firmados 29 convenios de cooperación con estados africanos, europeos e iberoamericanos y que se han desplegado enlaces policiales estables en estos países. El Gobierno español gastó en 2008 unos seis millones de euros en el golfo de África para dotar a algunos de estos territorios de material de vigilancia de fronteras, dar formación a sus agentes, crear equipos mixtos de investigación y establecer un cauce estable de inteligencia policial para detectar redes de tráfico de personas y embarques ilegales. El ministro destacó en su comparecencia que en 2008 las fuerzas de seguridad detuvieron en España y el continente vecino a 1.636 miembros de 277 redes africanas de tráfico de seres humanos, lo que supuso una mejora del 44% en sólo un año. Comentó, además, que el trabajo disuasorio realizado en suelo africano fue fundamental para que el año pasado descendiese un 28% el número de personas que trató de entrar de forma irregular.

Pérez Rubalcaba adelantó asimismo que España va a ampliar este año el dispositivo de vigilancia electrónica Sive, que permite la localización de pateras, al litoral de Murcia, Valencia y Baleares y a más puntos de Andalucía. Comentó que los centros de internamiento de inmigrantes «no sufren hacinamiento» y tienen un grado de ocupación del 50%.

El PP no se lo cree

El PP, a través de su portavoz Rafael Hernando, no creyó las cifras del ministro, aseguró que España es «un coladero de inmigrantes por tierra, mar y aire», y le acusó de ocultar los datos de ocupantes de pateras ahogados en 2008, los sin papeles detenidos pero no expulsados, y la cantidad «real» de extranjeros indocumentados en el país, que situó en 1,3 millones. La Policía Nacional ha detenido en Hellín (Albacete) a dos empresarios de 43 y 47 años como presuntos autores de varios delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

A los dos empresarios, de nacionalidad española, se les acusa de haber cobrado unos 12.000 euros a ciudadanos marroquíes a cambio de ofertas de trabajo. Con ellas, los inmigrantes podían presentar la documentación para conseguir las consiguientes autorizaciones para poder entrar en España con la promesa de un empleo estable.

Sin embargo, cuando llegaban a la península legalmente descubrían el engaño del que habían sido objeto. Los inmigrantes se veían obligados a pagar a sus presuntos contratadores nuevas cantidades económicas para obtener documentos tales como tarjetas de empadronamiento. Mientras tanto eran obligados a trabajar sin ser dados de alta en la Seguridad Social y sin cobrar remuneración alguna.

Las investigaciones policiales comenzaron a mediados del pasado mes de enero, cuando tres marroquíes decidieron denunciar estos hechos ante la Policía Nacional. Los investigadores descubrieron así la trama urdida para engañar a los inmigrantes y abusar de ellos como trabajadores.

Los dos empresarios detenidos han pasado a disposición del juez de Instrucción número 1 de Hellín (Albacete). Uno de ellos, de origen marroquí, trabajaba como administrador de una empresa de construcción donde eran supuestamente contratados sus compatriotas.

El otro arrestado se encargaba de suscribir las ofertas con las que los inmigrantes lograban las autorizaciones de residencia y trabajo para poder cruzar la frontera española.