Un relevo anunciado

La decisión política de sustituir a esta excelente profesional de la medicina pero con escasa experiencia en la gestión hospitalaria ya estaba sobre la mesa desde hace meses. Enfermos de cáncer que protestaban por la espera de casi dos meses para sus tratamientos de radioterapia, enfrentamientos con los sindicatos mayoritarios en el hospital (Autonomía Obrera y CGT), denuncias por problemas con las guardias en Cirugía General -lo que obligó a profesionales del servicio a aceptar guardias de ocho de la tarde a ocho de la mañana con un solo cirujano de presencia física en el centro y ninguno localizado para cubrir las urgencias de una población asistencial de 1.180.817 habitantes-, así como la falta de especialistas incrementada por el decreto que obligaba a la jubilación forzosa a los 65 años de médicos (en su mayoría jefes de servicio y de secciones con muchos años de experiencia), han sido sólo algunos de los problemas con los que la doctora Cazenave se ha tenido que enfrentar en el último año.

Por último, las protestas en la calle del personal sanitario han hecho forzar la dimisión de esta mujer, con una buena calidad humana, pero que quizás no ha sabido canalizar las prioridades de un cargo que, queramos o no, es puramente político, y le ha costado encontrar el equilibrio entre paciente y gestión. Los políticos no se pueden permitir fallos en Sanidad y Educación, dos de los pilares en los que el ciudadano basa fundamentalmente su voto. Esto es como cuando un equipo de fútbol no obtiene buenos resultados y el presidente decide echar al entrenador, aunque no sea el único culpable del fracaso.

ASISTENCIA GARANTIZADA

La doctora Cazenave siempre ha defendido que la asistencia al paciente siempre ha estado garantizada y, en ocasiones, ha insinuado la alarma social que los sindicatos y medios levantaban cuando denunciaban ciertas deficiencias lo que, a su juicio, creaba inseguridad en el paciente, sin tener en cuenta que lo que está mal hay que denunciarlo públicamente para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, sobre todo cuando de lo que estamos hablando es de la salud de las personas.

Hay que reconocer que tenemos un buen hospital en el que podemos confiar, pero también le podría enumerar casos concretos y muy cercanos en los que la vida de personas ha estado en estado en juego precisamente por falta de personal especializado en urgencias o por la escasa presencia de especialistas en las guardias. La vida de una sola persona vale mucho más que alcanzar los objetivos marcados por cualquier administración para que salgan las cuentas y, mucho menos, en Sanidad.

La nueva gerente tiene retos importantes por delante y un nuevo hospital por delante que muchos dudan ya de que esté en funcionamiento para 2012. La falta de especialistas sigue siendo un problema a resolver y reconocido por el propio SAS que, pese a ello, no dudó en poner en marcha el Plan de Ordenación de Recursos Humanos. Éste incluía un decreto que entró en vigor en noviembre de 2004 y que declaraba la jubilación forzosa del personal del Servicio Andaluz de Salud a los 65 años -en virtud de la aplicación del Estatuto Marco, aprobado por el anterior ejecutivo del PP en 2003-, y que en pocos meses dejó al centro de referencia de la provincia con 15 especialistas menos, entre jefes de servicio y jefes de sección, un plan que no contemplaba cómo se renovarían las plantillas o qué especialidades podrían requerir de más personal.

Dos años más tarde, la Consejería de Salud encargaba un estudio sobre las necesidades de profesionales de la Medicina en Andalucía. En sus conclusiones reconocía que existía un déficit de médicos en ciertas especialidades, agravado, entre otras cosas, por la jubilación anticipada a los 65 años, cuando antes se podía prolongar hasta los 70. Precisamente, este decreto ha provocado más de un quebradero de cabeza al SAS, que se enfrenta ahora a la demandas judiciales presentadas por más de un especialista que tuvo que acogerse a esta jubilación forzosa. Curiosamente, en sus escritos de defensa, el SAS argumenta que, en el caso del Puerta del Mar, existen suficientes especialistas y remite al juez un listado de médicos con nombres y apellidos, de los cuales algunos ya han fallecido o bien son residentes a los que contabilizan en cuatro ocasiones por sus cuatro años de formación y pese a que no pueden ejercer como especialistas.