TACHADA. La placa de la avenida dedicada a los etarras Txabi y Joseba Etxebarrieta de Leioa. / T.
ESPAÑA

El Congreso respalda la retirada de nombres de etarras de calles del País Vasco y Navarra

El PP aprovecha la sesión parlamentaria para poner en duda la firmeza del Gobierno en la lucha contra el terrorismo

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El Congreso dio ayer el respaldo unánime a la retirada de los nombres de etarras de las calles y lugares públicos de más de una decena de pueblos del País Vasco y Navarra. El pleno, con el apoyo de todos los partidos, aprobó el inicio de la tramitación parlamentaria de la reforma legal que obligará a estos ayuntamientos a retirar en un plazo máximo de seis meses las placas, esculturas o monolitos en homenaje a ETA o a los miembros de la organización terrorista. Los grupos coincidieron en que la tramitación parlamentaria sea lo más breve posible para que la medida entre en vigor y se pueda aplicar pronto.

El cambio legal viene a cubrir un vacío jurídico que dificultaba la retirada de placas u otros elementos de enaltecimiento colocados en los espacios públicos por corporaciones municipales antiguas. La vía penal quedó cegada después de que la Audiencia Nacional indicase que no podía imputar delitos a alcaldes que no habían decidido la colocación de estas placas, aunque las mantuviesen en el callejero.

La única solución era iniciar un proceso contencioso-administrativo, caso por caso, que anulase la resolución municipal y retirase los letreros o monolitos. La nueva ley simplificará los pasos al prohibir elementos de enaltecimiento del terrorismo en la vía pública y obligar a la retirada automática de todos los que ya existen.

La unanimidad de los grupos parlamentarios se vio empañada por la intervención del diputado del PP Alfonso Alonso, que aprovechó el debate de toma en consideración para reclamar que la ley incluya también las reformas normativas para poder echar a los alcaldes de ANV. El popular aprovechó sus palabras para poner en duda el interés y la firmeza del Gobierno en la lucha contra el mundo de ETA.

El resto de partidos acusó a Alonso de «oportunista», de «empañar el consenso», de usar el terrorismo como arma política y de haber utilizado la reforma legal como excusa para dar el «primer mitin de la campaña electoral vasca». El diputado más irónico fue el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, que con sorna dijo al parlamentario popular que «un día va a pedir la disolución de los ayuntamientos de ANV dentro de la ley de Aguas o de la de Costas».