Garzón encarcela a Correa y a sus dos hombres de confianza

El juez de la Audiencia Baltasar Garzón envió a primeras horas de la madrugada del jueves a la cárcel a Francisco Correa, el supuesto cabecilla de la trama de corrupción que salpica al PP en Valencia y Madrid. Junto al presidente de Special Events entraron en prisión dos de sus hombres de confianza, detenidos también el viernes pasado: su primo Antoine Sánchez, administrador de la constructora Catalunya Nord Record y de Inversiones Kintamani; y Pablo Crespo, ex secretario de organización del Partido Popular gallego hasta 1999.

El magistrado, que ya interrogó a los tres el pasado lunes, había prorrogado su detención hasta este miércoles, a la espera de practicar nuevas diligencias que, según fuentes judiciales, no han hecho más que corroborar las acusaciones que ya pesaban contra ellos: blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Las fiscales anticorrupción del caso Gürtel, Miriam Sánchez y Concha Sabadell, a la vista de las nuevas pruebas reclamaron el encarcelamiento inmediato e incondicional de los tres arrestados por el riesgo de fuga y, sobre todo, por la posibilidad de que destruyan pruebas si quedan libres. La sorpresa del día fue el trasladado inesperado a la Audiencia Nacional de Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, el empresario detenido en Valencia la noche del lunes y presidente Orange Market, la concesionaria de Special Events en la capital del Turia. Pérez, muy demacrado y con una imagen muy diferente a la de la boda Agag-Aznar, llegó esposado al tribunal y fue conducido a los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial este jueves.

Libres

Durante la mañana, Garzón interrogó a las tres primeras mujeres imputadas en esta trama. Todas ellas quedaron en libertad con cargos y con la obligación de comparecencias mensuales. La más llamativa de las comparecencias fue la de María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, hizo todo lo posible por desvincularse de su marido. Durante la hora y cuarto que declaró ante el juez Baltasar Garzón lo negó todo. «No sé nada de lo que hace o deshace Paco desde hace cuatro años», dijo la mujer, que aseveró estar ya en trámite de separación y que insistió en que su matrimonio fue siempre en separación de bienes, por lo que nunca conoció el patrimonio real de su marido. Admitió, no obstante, haber ocupado varios cargos en empresas de su esposo hasta 2001 (como Viajes Pasadena o Especial Events), pero matizó que únicamente ponía la firma a petición de otro de los implicados en la causa, José Luis Izquierdo, apoderado y fundador de Special Events.

Añadió que nunca cobró nada de las sociedades de Correa, ya que su sueldo proviene de la empresa de construcción de su padre, Emilio Rodríguez, ya fallecido y detenido en la operación Malaya.

Y negó más. Relató que, aunque fue jefa de gabinete del ex alcalde de Majadahonda, el también imputado Guillermo Ortega, nunca supo de los supuestos enjuagues que éste hacía con la trama que presuntamente dirigía su marido. Rodríguez fue defendida por el ex fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, quien el pasado año abandonó la carrera, cuando estaba adscrito precisamente al juzgado de Garzón, con quien trabajó codo con codo en los sumarios más importante contra los entramados legales de ETA. La declaración de Rodríguez fue extensa pero más amplía aún fue la de Felisa Jordán, administradora de varias de las empresas investigadas en la operación Gürtel y que también quedó en libertad. Durante tres horas, la supuesta garganta profunda de la operación respondió sin problemas a todo tipo de preguntas y según fuentes judiciales, aportó datos «muy jugosos» contra otros sospechosos. De hecho, en 2007 ya había denunciado en tres ocasiones las irregularidades.