Dos marejadas en el Estrecho

Por un lado, el ridículo islote de El Perejil -a 300 metros de la playa marroquí de Beliones y a tres kilómetros de la frontera ceutí de El Tarajal¯vuelve a estar de actualidad y no por el reciente fallecimiento de Rahma Echairi, la anciana pastora de cabras que, durante el pasado verano, expiró sin haber logrado reunirse con su rebaño, después de que las tropas marroquíes y españolas se disputaran el peñasco, seis años atrás. Y es que, ahora, El Perejil vuelve a ser lo que fue antes de aquel episodio propio de una reedición casposa de Hazañas Bélicas, esto es, una guarida de narcotraficantes. Desde mediados de diciembre, los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han logrado impedir varias operaciones de contrabando de hachís que tenían como encrucijada dicho enclave que, desde hace quince años, era oteado con regularidad por los helicópteros del Servicio de Vigilancia Aduanera que tenían plenamente documentada su utilización habitual para tales menesteres. Lanchas fuera borda vuelven a hacer de las suyas en torno a dicha posición estratégica, tan disputada durante el célebre conflicto que llegó a sacar de la cama a Colin Powell, Secretario de Estado de Estados Unidos.

Según se dice ahora, la Gendarmería Nacional de Marruecos y el ejército propiamente dicho hacen la vista gorda ante estas operaciones. Sin embargo, las denuncias en tal sentido por parte de los medios de comunicación marroquíes han llevado a que la Comandancia regional de la Gendarmería en Tetuán abra diligencias para investigar quienes son los narcos, sus cómplices y sus clientes. Y es posible que, antes de que vuelva a suscitarse un pulso por la titularidad histórica del islote, Rabat ordene un golpe de efecto similar a la redada que ha tenido como escenario a la localidad de Nador, en donde una acción conjunta de los militares y de los gendarmes ha permitido desarticular una red que contaba con sobrados recursos logísticos, financieros y humanos para la introducción de dicha droga en la Península y que, según un comunicado, «contaba con la complicidad de diversos miembros de las fuerzas auxiliares y de la Gendarmería y de la Marina Real», que habrían sido identificados y cesados en sus funciones. El negocio, aquí y allá, es millonario. Los beneficios tienen más de seis ceros y la mercancía se cuenta en toneladas.

La otra cuestión pendiente es una asignatura diplomática de más de dos siglos de existencia, Gibraltar, el contencioso hispano-británico que, en los últimos días, vuelve a reverdecer laureles a este lado de la frontera, por la exigencia del Partido Popular y de su diputado José Ignacio Landaluce, el activo presidente del mismo en Algeciras, a fin de que la diplomacia española extreme sus argumentos ante diversos proyectos de relleno de la superficie marina que han emprendido las autoridades del Peñón. Se trata de la nueva pista del aeropuerto -cuyos vuelos con Madrid fueron cancelados por falta de rendimiento un año después de que entrara en vigor el acuerdo sobre uso conjunto del mismo¯y de la urbanización Ocean Village, en Marina Bay. Entre ambas iniciativas se lograría, según Landaluce, una superficie próxima a «unos cuatro campos de fútbol». Landaluce asevera que el Gobierno español actúa con suma laxitud ante esta iniciativa que tendría que haber llevado a los tribunales en lugar de limitarse a quejas diplomáticas, al igual que tendría que haber ocurrido con los rellenos que se llevan a cabo en la cara Este de la Roca para Sovereign Bay, otro emporio inmobiliario. Gibraltar contaría con un estatus especial que le habría permitido desoír las directivas comunitarias en materia de conservación del medio, como ocurriese en el caso del New Flame y de otros barcos siniestrados en su litoral.

Cierto es que el PP anda buscando vengarse del escándalo del HMS Tireless, acaecido durante el mandato de Aznar cuando repararon en Gibraltar un submarino de propulsión nuclear averiado. Pero al actual Gobierno español tampoco le costaría mucho trabajo impulsar el estudio medioambiental en torno al Peñón que lleva pendiente desde hace cuatro años y que también reclaman las organizaciones conservacionistas que escasísima relación guardan con los conservadores locales, por mucho que las palabras se parezcan.

Esta vez, los populares insisten en que Gibraltar, formalmente, carece de aguas jurisdiccionales, más allá de las de la rada del puerto. Y reclama que no sólo se usen argumentos medioambientales para oponerse a este proyecto, sino que se cargue las tintas en la reclamación histórica de la soberanía. Mejor será, piensan algunos por otras causas: a los contundentes rellenos que la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras llevó a cabo durante la segunda mitad del siglo XX frente al Peñón poco le interesaron los argumentos ecológicos. Y cualquier día nos podrían sacar los colores por ello en los cenáculos diplomáticos.