Corbacho acepta mejorar la ayuda por paro en los ERE
El Gobierno está dispuesto a mejorar la prestación de paro de los afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y a establecer criterios para que los ajustes sólo puedan recaer en mayores de 52 años, según adelantó ayer, en el Congreso de los Diputados, el titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. Los portavoces del PP, Grupo Mixto, PNV y CiU, muy críticos con el ministro, vieron, sin embargo, con buenos ojos la reforma anunciada. Coincidieron en señalar la necesidad de variar «cuanto antes» la normativa de los expedientes, para que, por ejemplo, dejen de ser «abusivos» o conlleven «una tramitación más ágil».
Actualizado: GuardarLos ERE son procedimientos administrativo-laborales de carácter especial, dirigidos a obtener de la autoridad competente el consentimiento para suspender o extinguir la relación de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Durante el ajuste temporal, los implicados consumen la parte de prestación de desempleo que exige la suspensión aplicada. Y, la reforma planteada por Corbacho, supone que si al final se produce un despido, los afectados recuperarán todos los derechos que tenían antes del ERE eventual. Este hecho se conoce en léxico laboral como «poner el contador a cero».
El ministro apuntó que también sería positivo vincular la autorización de los expedientes a planes sociales y de recolocación y habló de examinar detenidamente los ajustes que presenten empresas con beneficios, puesto que el motivo de un ERE es superar de forma temporal una situación delicada que, en su defecto, comportaría «un notable incremento en el número de despidos». Insistió en que carece de sentido expulsar o sacar momentáneamente del mercado a trabajadores con 48, 49 ó 50 años de edad.
Consciente de la complejidad de los cambios mencionados, Corbacho explicó que llevará sus planes al diálogo social (proceso de dabate y negociación entre Gobierno, CEOE, CEPYME, CC OO y UGT) para su examen y aprobación. Comentó que ése es el ámbito en el que se han de fijar los criterios para la aplicación futura de los ERE.
Servicios de empleo
Además, el ministro se mostró proclive a contar con unos servicios públicos de empleo (antiguas oficinas del INEM) capaces de «integrar, ordenar y optimizar la acción intermediadora de los agentes públicos y privados». Detrás de esta propuesta figura la legalización de las empresas privadas de recolocación, que en la actualidad operan, pero que no cuentan con regulación. «Se trata de permitir y definir un sistema en el que lo público ejerza el control, la supervisión y la autoridad», a la vez que exista una «colaboración con instituciones privadas», dijo. Recalcó que el objetivo de esta convivencia será que «los desempleados estén el menor tiempo posible en esta situación».
La reforma de los ERE y de los servicios públicos forma parte de un decálogo de medidas propuestas por el Ejecutivo, entre las que figura impulsar el diálogo social.
