Huelga extrema

os pronunciamientos corporativos y las medidas de protesta anunciadas por las cuatro asociaciones de jueces, que culminarían con la convocatoria de una huelga para el 26 de junio en caso de no llegar a un acuerdo con el Gobierno, son el inquietante reflejo del grave desencuentro existente entre los integrantes de la judicatura y el Ejecutivo. El recurso a la huelga por parte de los jueces no está prohibida por la legislación vigente. Pero es evidente que constituye una medida extrema en manos de quienes encarnan uno de los tres poderes del Estado constitucional. Una medida que, además, no guardaría proporcionalidad alguna con la naturaleza de las reivindicaciones de competencias, profesionales y de mejoras salariales recogidas en la tabla de ocho puntos consensuada entre las cuatro asociaciones. Es injusto y torpe simplificar las causas de la protesta judicial como si se tratase de una mera reacción a las críticas vertidas por el Gobierno a la conducta del CGPJ ante la actuación del juez Tirado. Como resulta impresentable que éste asome en medio de la crisis llamando a la huelga mediante un mensaje inserto en el sistema de correo corporativo que termina advirtiendo «ahora les toca a ellos», en clara alusión al Ejecutivo. La querencia del ministro Fernández Bermejo por descalificar cuantas iniciativas ponen en cuestión su ejecutoria o incomodan al Gobierno en nada favorece el urgente entendimiento con los jueces. Un entendimiento que en ningún caso podría implicar la asunción de las demandas de los jueces por parte del Ejecutivo, ni debería postergar el necesario diálogo a la espera de que la contestación judicial vaya perdiendo fuerza o acabe siendo abiertamente cuestionada por la opinión pública. Es cierto, como ayer dejó ver el presidente Rodríguez Zapatero, que el diálogo será más fructífero si no media la amenaza de radicalizar posturas. Pero el deseo unánime de la clase política para que el anuncio de huelga desaparezca del horizonte ha de ser acompañado por una aproximación franca a la mesa de negociaciones que trate, cuando menos, de situar los distintos puntos de la tabla reivindicativa en el marco de diálogo que corresponde a cada uno de ellos y que los jueces no parecen haber querido diferenciar. El encuentro anunciado entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ para el próximo lunes 19 debe contribuir a ello, de manera que las asociaciones de jueces hallen en la resolución siquiera parcial de sus problemas razón suficiente para suspender tanto los actos de protesta previstos para el 18 de febrero como, sobre todo, para retirar de escena la eventualidad de la huelga de junio. El reto lanzado por los jueces al Ejecutivo incide, sin duda, en los problemas que el Gobierno y el primer partido de la oposición tienen para sacar de la parálisis el pacto por la justicia. De ahí que resulte improbable un entendimiento duradero entre Gobierno y jueces si el mismo no se sostiene en un amplio consenso político.